La BRUTOCRACIA: Convierte en cabillas patrimonio nacional.

No estrenamos hoy el término Brutocracia, creación de nuestro desaparecido e inolvidable German Piniella en una de sus colaboraciones.

La burocracia existe en todos los países y en el nuestro está sobredimensionada. Pero en todos exhibe la capacidad formidable de enlentecer normativas, directrices, resoluciones ministeriales y hasta de torcer el objetivo que aquellas pretenden.

No se sorprenda el lector: Henry Kissinger narra en sus memorias que cuando se estrenó como secretario de Estado, dictó ciertas normas de aplicación y que cuando revisó cómo había sido aplicada, descubrió que nada tenía que ver con el objetivo buscado. No se reconoció en las aplicaciones, estaba frente a otra. Tarea de la burocracia, poder del buró

En Cuba enfrentamos, entre tantos y tantos problemas, el de la BRUTOCRACIA, que resulta del maridaje del poder de implementar y de tramitar todo tipo de gestiones, con la incapacidad apabullante que muestra en tantísimas ocasiones y sectores de la vida.

A propósito, un ejemplo fresco.

Se trata del destino final de una locomotora a vapor, que asociada a la historia de la industria azucarera, fue declarada Patrimonio Nacional y, posteriormente, convertida en chatarra.

Era un símbolo, vivimos en tiempos de símbolos, de lo que fue la industria de fabricar azúcar, lamentablemente reducida a una producción ínfima; la última registra unas 475 mil toneladas, mucho menor a la de 1894 que, según registros históricos fue de 1 millón de toneladas.

Se trata de memoria, que cuando no se tiene, se pierde o se borra, vale por no haber vivido, estado u existido. No creo que esta haya sido la intención de quienes convirtieron en chatarra un tramo de memoria histórica vinculada al desarrollo azucarero que tuvo nuestro país y que hoy no puede mostrar por el desastre de este sector de nuestra crítica economía.

Estamos entre un ejemplo de incapacidad o indolencia. ¿Total? Mejor darle otro uso, pudieron pensar los burócratas y de ahí a Recuperación de Materia Prima.

Sin más, reproducimos el artículo publicado por el diario Escambray el pasado 28 de agosto.

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¿Quién paga por el patrimonio perdido?

Tras una amplia investigación, tanto en Jatibonico como en Sancti Spíritus, el desmembramiento de la locomotora No. 1 363 con 105 años de historia quedó en unas cuantas reuniones.

LISANDRA GÓMEZ GUERRA

La locomotora pasó sus últimos días en la base de ómnibus de Jatibonico.

Cuando un trabajador del Grupo Empresarial Azcuba alertó que la locomotora No. 1 363, una Baldwin de línea estrecha de pura cepa, se había esfumado de la base de ómnibus de Jatibonico, no pocas personas enmudecieron, pues estaban conscientes del daño al patrimonio histórico y cultural de Cuba.

No demoró mucho para que la noticia llegara a todos los rincones de la geografía provincial y más allá. Al poco tiempo, sin necesidad de auxiliarse de la pericia de Sherlock Holmes, se conoció la raíz del tan lamentable acontecimiento: en una reunión se tomó como acuerdo desmembrar la locomotora porque “ocupaba espacio y no cumplía ningún objetivo”, alegaron que sus fragmentos serían más útiles para la Empresa de Recuperación de Materias Primas.

Fue así que una de las locomotoras declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, según consta en la Resolución 02 de 2004 del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), se convirtió en cabillas y otros elementos cuyo paradero ha sido imposible determinar.

En los primeros días del mes de abril, este órgano de prensa se subió a los rieles y corrió detrás del acontecimiento, a fin de denunciar el incumplimiento de una disposición nacional: el cuidado y protección de nuestro patrimonio.

Está así garantizado por un marco jurídico, que incluye, entre otras, la Constitución de la República, el Código Penal y la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural.

Por tanto, solo quedaba hacer cumplir con lo legislado. ¿Qué resultados arrojó la investigación que se realizaba cuando Escambray publicó el hecho? ¿Qué medidas se adoptaron con los responsables? Estas y otras preguntas guiaron este seguimiento temático.

PRIMERA PARADA

En el Centro Provincial de Patrimonio de Sancti Spíritus se resguarda el expediente de la locomotora de 1917 que corrió por la línea norte de Sancti Spíritus. Minuciosamente se detallan las características e historia del medio construido en Filadelfia, Estados Unidos. De acuerdo con el documento, se registra su valor inicial por 22 140 pesos en moneda nacional.

Posteriormente, la depreciación arrojó un monto de 18 594 pesos. Ya había detenido para siempre su recorrido por los brazos de hierro y estaba en un área del central Uruguay como parte de una estrategia de país, encauzada por el Grupo Empresarial Azcuba, el Ministerio de Transporte y el CNPC, a fin de salvar las locomotoras a vapor antiguas. Mas, por su mal estado como resultado de las desatenciones mientras permaneció, primero, en el coloso jatiboniquense y luego, en la base de ómnibus de ese municipio, se le adjudica un valor real de 3 545 pesos.

Dicho monto, prácticamente insignificante en los actuales tiempos, provoca que la investigación no llegue a los tribunales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8.2 del Código Penal: “No se considera delito la acción u omisión que, aun reuniendo los elementos que lo constituyen, carece de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y las condiciones personales de su autor”.

Por tanto, el caso de la locomotora No. 1 363 con 105 años de historia se convierte exclusivamente en un tema de interés administrativo.

SEGUNDA PARADA

“Desde el Gobierno Provincial se creó un grupo de trabajo para analizar lo ocurrido —explica Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos—. Se hizo un análisis muy crítico con todos los responsables y se apreció que había desconocimiento del significado del bien”.

Alberto Martínez García, director de la Empresa Provincial de Transporte en Sancti Spíritus, a donde se subordina la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Jatibonico, formó parte de muchas de las reuniones para esclarecer lo ocurrido.

“El director de la UEB al asumir el cargo nunca recibió constancia de la existencia de la locomotora y queda claro así en el acta de entrega con firma del dirigente saliente. En el caso del administrador de la base de ómnibus de Jatibonico, sí tenía el Acta de Responsabilidad, entregado por los especialistas de Patrimonio, tras su traslado desde el Uruguay, pero estaba enfermo los días en que los compañeros de Materias Primas laboraron en el lugar”.

Estos argumentos corroboran violaciones en lo establecido por el Decreto-Ley No. 13/2020 “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas”, según el inciso N del Artículo 7.2: “entregar y recibir el cargo en correspondencia con las normas y procedimientos establecidos”, así como el Artículo 29.2, el cual reconoce que “el cuadro es responsable colateral cuando, siendo superior jerárquico inmediato de los violadores o infractores y sin tener participación directa en los hechos, se demuestra que su falta de exigencia, su conducta negligente o por la no aplicación de los controles establecidos, facilitó la ocurrencia de acciones violatorias de la disciplina por parte de los infractores”.

Sin embargo, en la provincia se determinó: “Reunimos el consejo de dirección ampliado de la empresa y, tras informar lo ocurrido, dejamos claro la responsabilidad que tenemos con los medios que se ubiquen en calidad de depósito u otra condición en cada uno de nuestros centros —dice Martínez García, líder de los transportistas espirituanos—. Por tanto, tenemos que velar y conciliar con la entidad que lleva el medio para tener un control del mismo porque somos sus responsables, además de exigir al propietario que con prioridad se preocupe por el estado del objeto porque en el caso de la locomotora desde hacía un tiempo nadie la visitaba”.

En esa misma cuerda de acción, en el Gobierno Provincial se ha encauzado una labor extensiva a todos los sectores, según García Hernández.

“Se trabaja para tener claro dónde están todos los inmuebles con valores patrimoniales. Luego, haremos un encuentro entre los especialistas y directivos para que conozcan sus responsabilidades en sus cuidados y preservaciones. De esa forma adoptamos las medidas para que un hecho así no vuelva a ocurrir”.

ÚLTIMA PARADA

Lo sucedido con la locomotora No. 1 363 no resulta el único caso de daño al patrimonio espirituano. Otros ejemplos —como la figura decorativa que se esfumó del Museo Romántico de Trinidad o el ultraje al mural de la Dirección Provincial de Salud Pública para abrir una puerta— evidencian cuánto descontrol e impunidad aun coexisten en la protección del legado cultural de la nación.

El cumplimiento y respeto a lo legislado en materia de patrimonio cultural —con independencia del valor real, monetario, de los bienes— refuerzan nuestra soberanía, protegen la identidad nacional, forman el presente y futuro del país sobre la base de la defensa de nuestros más autóctonos valores y enaltecen la cultura cubana.

Foto tomada del diario Escambray.

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