La CELAC y los cambios en América Latina

LA HABANA. Cuando el 23 de febrero de 2010, en la Riviera Maya mexicana, tomaba cuerpo la idea de crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y un año después se consolidaba en Caracas, Venezuela, bajo la presidencia de Hugo Chávez, parecía haberse alcanzado el sueño integrador de Simón Bolívar, al convocar al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826.

A fin, los 33 países del subcontinente americano parecían ser capaces de reunirse para zanjar disputas, conjugar intereses y proyectar planes de futuro, sin la tutela hegemónica de Estados Unidos. El acuerdo de declarar a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, suscrito en la II Cumbre de La Habana, en 2014, así como el peso que tuvo el consenso latinoamericano y caribeño en el proceso que condujo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, en 2015, reflejaban la validez del emprendimiento y el predominio de las posiciones más progresistas e independientes, en el actuar de los países de la región.

Pero la reacción de la derecha no se hizo esperar, los golpes de Estado a Manuel Zelaya, en Honduras; Fernando Lugo, en Paraguay y, sobre todo, a Dilma Rousseff, en Brasil, así como las victorias electorales de Mauricio Macri, en Argentina; Sebastián Piñera, en Chile; Jair Bolsonaro, en Brasil; Iván Duque, en Colombia y Luis Lacalle, en Uruguay, unido a la escandalosa traición de Lenin Moreno, en Ecuador, cambiaron radicalmente el panorama político latinoamericano.

En 2011, para contrarrestar el modelo integracionista de la CELAC, los gobiernos neoliberales de Colombia, Chile, México y Perú proyectaron la creación de la Alianza del Pacífico y, en agosto de 2017, específicamente para actuar contra Venezuela, fue creado el llamado Grupo de Lima, compuesto por nueve países latinoamericanos, cuatro caribeños y Canadá. Estados Unidos no aparece formalmente en estas iniciativas, pero se siente su presencia, en especial cuando Donald Trump asumió la presidencia y se desbordaron las políticas más reaccionarias.

La OEA, bajo la secretaría de otro renegado de la izquierda, el uruguayo Luis Almagro, retomó el rol protagónico que había perdido como resultado del avance de los gobiernos progresistas y con la promoción, en 2019, del golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia, asumió el perfil de sus peores momentos. La CELAC aparece desarticulada en esos momentos, hasta el punto de la incapacidad para convocar a sus reuniones durante varios años, pero no desapareció, se mantuvo en hibernación y ello constituyó un respiro en la desgracia.

Cuando parecía que América Latina y el Caribe estaban destinados a volver a vivir décadas de gobiernos de derecha, subordinados en cuerpo y alma a Estados Unidos, las cosas volvieron a cambiar. En especial, Venezuela ha resistido los embates de la agresión y el aislamiento, llevados a niveles solo comparables con lo sufrido por Cuba, que nuevamente también ha sobrevivido a las políticas más destructivas de Estados Unidos.

Las protestas sociales no pudieron ser detenidas por la brutal represión policial y se extendieron por Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y otros países gobernados por la derecha. Alberto Fernández ganó las elecciones argentinas, el MAS de Bolivia se recuperó del golpe de Estado y ganó las nuevas elecciones convocadas en su país, Pedro Castillo obtuvo una cerrada victoria en Perú y su primera decisión, en política exterior, fue retirar la sede del Grupo de Lima, que finalmente se ha declarado disuelto.

Sobre todo, en 2018, triunfó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México y ese país volvió a mostrar su vocación histórica de liderazgo latinoamericano y caribeño, abandonado por los últimos gobiernos del PAN y el PRI, que adoptaron una política de subordinación vergonzante a los dictados norteamericanos.

Aunque formaba parte del Grupo de Lima, el gobierno de AMLO se negó a sumarse a la política contra Venezuela. A costa de un riesgo político extraordinario, tomó medidas para el rescate de Evo Morales de los golpistas bolivianos y ofreció refugio a muchos dirigentes del MAS en su embajada en La Paz. México brindó su territorio para las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, así como, junto con Argentina, propuso la recuperación de la CELAC y la sustitución de la OEA, por una institucionalidad de nuevo tipo, libre de subordinaciones a Estados Unidos.

La convocatoria a la VI Cumbre de la CELAC, celebrada el pasado 18 de septiembre en Ciudad México, debe ser entendida como una necesidad para reducir la asimetría de México en sus relaciones con Estados Unidos y poder encararlas bajo los principios de soberanía y autodeterminación, tan valorados en las tradiciones de la política exterior mexicana.

Esto explica el interés de AMLO por resaltar la presencia de Cuba, lo que se concretó con una invitación especial al presidente Miguel Díaz Canel, para ser honrado en las celebraciones por el Grito de Dolores, donde AMLO reafirmó su propuesta, a todas luces simbólica, de declarar a la resistencia cubana frente a los ataques de Estados Unidos, como patrimonio de la humanidad.

Ningún interés doméstico justifica esta actitud, precisamente en uno de los momentos más complejos de la situación cubana, cuando mayor capital político se arriesga al defenderla. Si acaso, aparte de las razones de Estado, AMLO se dio el gusto de mostrar toda su dimensión de hombre de izquierda, porque eso es lo que representa apoyar a Cuba, sobre todo para los mexicanos.

Más allá de sus resultados concretos y la anécdota de las trifulcas de Lacalle con Maduro y Díaz Canel, la importancia de esta cumbre es que pudo celebrarse en medio de la pandemia, con la presencia de 16 jefes de Estado y representantes de todos los países, salvo el Brasil de Bolsonaro, gracias a la capacidad de convocatoria demostrada por México y al interés subyacente en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y caribeños de mantener viva la CELAC, a contrapelo del gusto de Estados Unidos.

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