Política de cuidados para la vejez: apuntes en torno a la realidad cubana

LA HABANA. El hecho innegable de que la población cubana envejece se explica a partir de los efectos combinados de un descenso en la tasa de fecundidad, un incremento de la esperanza de vida al nacer y la tasa de migración negativa. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2017 la población mayor de 60 años en el país fue el 20,1 por ciento de la población total.

Sin embargo, pocas investigaciones exploran el desenlace conjunto que la realidad del envejecimiento demográfico impone a los individuos, las familias y las instituciones desde el punto de vista de los cuidados en su concepción integral. Mientras, desde las propias cifras oficiales desde 2008 se registran contracciones superiores al 50 por ciento en la cantidad de personas beneficiadas por programas de Asistencia Social.

El cuidado para la vejez en el país tiene que ser abordado desde quienes lo requieren, considerando su accesibilidad, el grado de cobertura de los servicios, y en caso de que sean servicios mercantiles, la capacidad adquisitiva de quien los demanda. Pero al mismo tiempo, las instituciones encargadas de proveer cuidados, con independencia de su forma de propiedad y/o gestión, deben cumplir requisitos para su prestación. La actividad cuidadora, hoy en lo fundamental de carácter familiar, debe encontrar respaldo en una política estatal específica y clara, que condicione y regule las actividades de este tipo, mientras mantiene y perfecciona los servicios que provee el Estado.

Condiciones económicas, actores e instituciones: el mosaico de los cuidados en Cuba

Uno de los principales dilemas del cuidado ofrecido en el ámbito familiar es la insuficiencia de los ingresos, ya sean pensiones o salarios, producto de la depresión de los ingresos reales señalada con anterioridad o como resultado de la decisión del cuidador de abandonar la esfera laboral.

La emergencia y necesidad de otras fuentes de ingresos ante la estructural deficiencia de las prestaciones monetarias de la seguridad social para sostener a los ciudadanos en necesidad de cuidados, asume de manera habitual la forma de remesas o trasferencias intrafamiliares, empleos informales y esporádicos, entre otras, provenientes de la propia familia. Tampoco es extraño el caso en que el proveedor del servicio es un familiar y no recibe remuneración por ejercer esa actividad.

Al mismo tiempo, los años dedicados al cuidado —de un familiar o cualquier persona dependiente— no son contemplados como años de servicio, ni como empleo formal, por lo que escapan al ámbito de actuación de la actual Ley de Seguridad Social, lo cual invisibiliza este tipo de empleo.

Mediante la Ley no 105, de 2008, el Estado cubano se encarga de garantizar protección a la población envejecida mediante un programa asistencial con carácter multidisciplinario basado en un Sistema de Seguridad Social. Este sistema se encuentra compuesto por un Régimen de Seguridad Social y Régimen de Asistencia Social. El primero, es quien asegura las pensiones por edad. En el segundo caso se pueden encontrar servicios vinculados a estados de necesidades como la ayuda domiciliaria a adultos mayores, hogares de ancianos, servicios de comedor, centros de día, entre otros.

Existen más programas establecidos en la Ley no 105 de 2008 relacionados con las políticas de cuidado. Estos son las pensiones contributivas por invalidez o sobrevivencia y las prestaciones no contributivas de la asistencia social asociadas a programas de Discapacidad y Asistentes Sociales a Domicilio. Los programas relacionados con la Asistencia Social han registrado, de acuerdo a estadísticas de la ONEI, contracciones superiores al 50 por ciento en la cantidad de personas beneficiadas desde 2008, a pesar del avanzado proceso de envejecimiento demográfico que debería haber expandido su demanda.

A pesar de las oportunidades que brinda el programa dedicado al cuidado de la tercera edad, existen hoy en Cuba personas mayores que no pueden asistir a instituciones estatales de cuidados por problemas de salud. Es el caso de los ancianos dependientes o con enfermedades terminales, crónicas y degenerativas, los que no cuentan con un centro al cual asistir para ser atendidos.

De esto se deriva el hecho de que sea en el seno familiar donde en lo fundamental se realice hoy la actividad de cuidado. De la misma forma en que se comportan a nivel internacional, los cuidados familiares en Cuba desempeñan un rol fundamental, pero constituyen una limitante para el desarrollo social y económico del país. Esto disminuye la posibilidad, tanto de quienes cuidan como de quienes reciben los cuidados, de una plena participación en la vida cotidiana de la sociedad.

Al mismo tiempo, esta realidad implica que personas en edad laboral no se encuentren trabajando porque se dedican a los cuidados, mientras existe también una fuerte carga de dependencia sobre los que sí se emplean.

Serán necesarias nuevas acciones por parte del Estado para enfrentar el inminente e irreversible envejecimiento demográfico actual y de la población futura. Una buena parte de los esfuerzos tendrán un componente financiero, ya sea a partir de inversiones que generen instituciones especializadas en los cuidados a la vejez y gastos salariales asociados a la formación de personal calificado que opere en dichas instalaciones. De ahí que se debe aumentar la inversión en los programas de Seguridad y Asistencia Social, además de repensar radicalmente la organización de la actividad del cuidado en el ámbito institucional y familiar.

Es por ello que, coinciden varios autores, en la actualización de la política económica y social se ha incluido el envejecimiento como eje temático, del cual deben encargarse todos los órganos e instituciones relacionadas con las personas de la tercera edad y sus cuidados.

Esto demuestra la necesidad de que el Estado mantenga su rol de coordinador fundamental de los múltiples actores en la sociedad para asegurar el bienestar de los ciudadanos que prestan y reciben cuidados. Lo anterior será posible si se logra establecer, saldando las inconsistencias existentes, una institución que funcione como plataforma de coordinación de acciones, impulse la transformación del sistema y asegure el bienestar de la persona adulta mayor.

Sin embargo, la inclusión dentro de los documentos programáticos no garantiza que tomen cuerpo en acciones de política pública, apoyada en el carácter distintivo de los cuidados para la vejez.

Las opciones de cuidado para la vejez y para los ancianos deben ser accesibles a todas las familias cubanas. Es decir, el Estado es responsable, como lo ha sido en el caso de los servicios de salud, de crear las condiciones para que los cuidados especializados puedan ser brindados fuera del ámbito intrafamiliar.

Cuba no es el único país de la región o del mundo que envejece; ni siquiera es especial por la relativa escasez de fuerza de trabajo que este proceso puede implicar o por la migración de su población. Pero algunas peculiaridades del país —su declarado interés en construir un proyecto social alternativo; o el alto componente social de su presupuesto estatal, el cual se explica también a partir de las cuentas destinadas a la seguridad social y la salud— obligan a un análisis igual de específico, si en verdad se busca poner en práctica una política de cuidados multinstitucional en la Isla, fundamentada en las características actuales de nuestra sociedad.

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