¿Qué contempla el polémico decreto firmado por Duque en medio de las protestas de Colombia?

El decreto presidencial 2111 sobre la conformación de un conglomerado de empresas públicas financieras firmado por el presidente colombiano Iván Duque pareciera haber hecho realidad aquello que tanto había sido rechazado en las protestas y que había sido negado por su Gobierno: ‘el paquetazo’ con medidas privatizadoras.

El pasado domingo 24 de noviembre, cuando se consignó el documento, Duque había iniciado desde la Casa de Nariño, sede del Gobierno, una Gran Conversación Nacional con alcaldes y gobernadores en medio de un paro nacional conformado por manifestaciones y cacerolazos en contra de una serie de medidas económicas de corte neoliberal que, según él, hasta el momento no había tomado.

Entre las primeras voces que alertaron sobre la situación, estaba la del senador del opositor Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias Castillo, quien escribió en las redes que el mandatario acababa de expedir un decreto “que abre la puerta para privatizar al menos 16 empresas públicas”.

“Ha sorprendido a todos”

Arias Castillo, entrevistado por RT, expresa que “ha sorprendido a todos” la expedición del decreto donde se anuncia la conformación del Grupo Bicentenario, “cuya finalidad es la de agrupar las entidades estatales que prestan servicios financieros”, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.

El senador, quien ha estado vinculado al área sindical, lamenta que el Gobierno haya emitido el decreto “a pesar de que en las movilizaciones se había hecho la petición explícita de que no se produjera”.

Entre las siete demandas del Comité de Paro, que ha criticado la política económica de las últimas gestiones gubernamentales y su apego a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se alertaba el mismo domingo sobre “un plan para abrir el camino de la privatización de 19 entidades financieras estatales”.

“El Gobierno convoca a una conversación nacional y dice tener una actitud de escucha frente a estos temas que no es tal, porque ‘a Dios rogando y con el mazo dando’, ha producido este decreto”, afirma el senador.

El Comité de Paro anunció nuevas movilizaciones, incluyendo un paro este miércoles, tras la reunión que sostuvo este martes con el presidente.

¿Una decisión inesperada?

Tras conocer el contenido del decreto de creación del Grupo Bicentenario, surge la pregunta de por qué tomar esta decisión tras casi una semana de protesta social, con fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad, en contra de medidas de corte neoliberal. La respuesta es sencilla.

En mayo, el Congreso colombiano le había otorgado al presidente facultades extraordinarias dentro del ‘Plan Nacional de Desarrollo’ para tomar una serie de decisiones en aspectos económicos, financieros y sociales. El plazo era de seis meses, que se cumplían precisamente el 24 de noviembre.

“El paro nacional no puede estar supeditado a que, por vía de facultades extraordinarias, el presidente legisle”, considera Arias, quien explica que se sabía que “había facultades que iban a vencerse, por lo que se le pedía al Gobierno que no hiciera uso de ellas para que no traicionara la mesa que había sido convocada”.

¿Por qué se habla de privatización?

“De un holding básicamente estatal resulta una junta directiva de la cual no forman parte servidores públicos. Si eso no es privatización, no sé de qué forma puede denominarse”, explica el senador.

“Se excluyeron a ministros y funcionarios de las directivas del conglomerado, es decir, en adelante no habrá servidores públicos en la junta directiva que, por definición, será ‘independiente'”, agrega.

Según el decreto, las entidades pasaron a estar relacionadas únicamente al Ministerio de Hacienda, por lo que resultarían desvinculadas de las dependencias o ministerios a las cuales estaban adscritas.

¿Cuál es el alcance?

“Este decreto tiene profundos impactos en la vida económica del Estado y de la sociedad en su conjunto”, afirma el representante ante el Senado del Polo Democrático Alternativo.

En su opinión, el impacto laboral, que ha sido descartado en el propio decreto, podría estar relacionado con un eventual despido de trabajadores tras la fusión de las empresas financieras públicas.

“No está claro que haya estabilidad laboral porque el Gobierno no puede comprometerla. Si se cambia la naturaleza jurídica de algunas empresas que hagan parte del conglomerado, los trabajadores estatales podrían perder su condición de servidores públicos”, advierte.

¿Y la población más vulnerable?

Entre los objetivos del ‘Plan Nacional de Desarrollo’, en los que se enmarca el decreto, se encuentra “ampliar el acceso financiero” a la población más vulnerable. Sin embargo, para Arias Castillo este propósito “es sencillamente retórica y literatura”.

El parlamentario explica que existen cánones de competitividad que están planteados de manera manifiesta en los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y social. Allí se expresa que las empresas vinculadas al sector financiero deben tener un nivel de competitividad igual al del sector privado.

Ejemplifica este caso con el Banco Agrario, que concede créditos subsidiados, blandos y condonaciones de deuda a campesinos y empresarios pequeños, medianos y grandes: “Si nos atenemos a los cánones de la competitividad del sector privado, sabemos que ofrece tasas del mercado, que no son subsidiadas y que no hay condonaciones”.

“Inexorablemente se sacrificaría el principio de la misión social porque no privará la rentabilidad social sino la financiera”, explica.

El holding quedará supeditado a las mismas reglas que rigen a los trece conglomerados que operan en el país, cuyos activos suman unos 800 billones de pesos (29.000 millones de dólares). En Colombia se encuentran el grupo financiero Aval, Sura Bancolombia, Sociedades Bolívar, Fundación Social y el Grupo Coomeva.

Entre los que tienen sede en el exterior están el Scotiabank (Canadá); Itaú y BTG Pactual (Brasil); BNP Paribas (Francia) y BBVA (España). Por su parte, Credicorp, Old Mutual y GNB Sudameris aún no han definido su domicilio.

¿De dónde viene el holding?

Ya en agosto de este año, el mandatario colombiano dijo que una de las tareas que abordaría sería “la consolidación de un holding financiero del Estado” que permitiera “tener en los mercados un mecanismo para mejorar la gobernanza” y “para generar mucha confianza”.

En esa oportunidad expresó que quería ver “más entidades públicas saliendo al mercado público” para contar con “estándares de gobierno corporativo y una mayor supervisión de la sociedad”, recoge Eje 21.

Esta propuesta se hizo viable desde que el pasado 3 de mayo, cuando el Congreso colombiano aprobó el ‘Plan Nacional de Desarrollo’, que ha sido catalogado por las autoridades como la “hoja de ruta” para “acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades”.

Previamente, el Parlamento le había otorgado al presidente, a través de la Ley 1955, facultades extraordinarias en siete puntos del plan, entre los que se encontraba “crear una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional responsable de la gestión del servicio financiero”.

En abril de este año, su ministro de Hacienda estuvo en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial donde habló de recortar la participación del Estado en una serie de entidades, a través de la creación de un portafolio de empresas públicas, lo que reduciría el gasto hasta en 0,2 % en el PIB.

¿Qué es el Grupo Bicentenario?

Según la información proporcionada por el Ejecutivo colombiano, el Grupo Financiero Bicentenario es “una sociedad de economía mixta, que se regirá por el derecho privado”, cuya participación accionaria no se podrá “enajenar o disminuir” sin autorización del Congreso de la República.

El capital social inicial estará integrado “por los recursos producto de la escisión de entidades públicas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o que desarrollen actividades conexas al servicio financiero público”, además de aportes del Estado o de organismos que integren la rama ejecutiva del poder público.

Se explica, además, que “el Gobierno tiene participación directa e indirecta en dieciocho entidades que estén sujetas a vigilancia de la SFC o que desarrollan actividades conexas al servicio financiero público”.

En septiembre de 2017, el entonces presidente Juan Manuel Santos aprobó la ‘Ley de Conglomerados Financieros y Mecanismos de Resolución’ donde se establecía que la SFC los vigilaría.

En esa oportunidad, el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que el marco regulatorio había seguido los lineamientos de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Banco Mundial y del FMI, que ya habían hecho esta “recomendación” en 2012 durante la gestión de Santos.

La OCDE ha pedido reformas sobre los objetivos, su funcionamiento y su relación con el Estado de 102 empresas estatales, sin que conlleve su venta, recoge el portal Razón Pública.

¿Qué plantea?

  • Generar eficiencia, colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado que prestan servicios en el sector financiero.
  • Ser “el tercer grupo financiero más grande del país y que compita con los del sector privado”.
  • Ampliar el acceso a los servicios y mercados financieros a la población trabajadora, rural, campesina, estudiantil, emprendedora, microempresarial, madres cabezas de hogar, población víctima, minorías étnicas y en general que se encuentren en estado de vulnerabilidad.
  • Esta medida excluye las empresas administradoras de seguridad social de pensiones y salud con participación pública.
  • No implicará cambio en los patrimonios autónomos como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ni fondos administrados por las sociedades fiduciarias.

Respuestas a la CUT

Ante los señalamientos de “masacre laboral”, lo que significa una pérdida de unos 20.000 puestos de trabajo que podría generar la creación de este conglomerado, según ha señalado la Central Única de Trabajadores (CUT), el decreto recoge que no habrá disminución del personal de las entidades que lo conforman y que no se afectarán las condiciones laborales.

De igual modo, niega explícitamente que se elimine el control de Estado, que se vayan a remitir recursos al sector privado o que se busque la quiebra de las entidades como ha alertado el Comité de Paro Nacional.

¿Quiénes lo conforman?

Según el Ministerio de Hacienda, la participación estatal en empresas que conforman el sector financiero colombiano incluye bancas de primer piso, bancas de segundo (que no operan con particulares y hacen colocaciones de créditos a través de intermediarios), aseguradoras, fiduciarias y el fondo de garantías.

Hasta ahora se han conocido 16 entidades que formarán parte de este conglomerado, entre las que se encuentran:

En banca del primer piso:

  • Banco Agrario, Arco del Grupo Bancóldex (sociedad mixta mercantil), el Fondo Nacional del Ahorro y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

En la del segundo piso:

  • Financiera de Desarrollo Nacional (encargada de financiamiento de grandes proyectos de infraestructura), Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), Empresa de Desarrollo Territorial (Enterritorio), Banco de Desarrollo (Bancóldex) y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

Otras: 

  • Las aseguradoras Previsora, Positiva y Segurexpo; las fiduciarias Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducoldex y el Fondo Nacional de Garantías.

En el decreto se explica que Colombia cuenta con participación directa e indirecta en 18 entidades con un valor patrimonial que asciende a 15,8 billones de pesos (unos 4.600 millones de dólares) con corte a diciembre de 2018, de los cuales la nación tiene 14,9 billones (unos 4.300 millones de dólares).

Sin embargo, el senador Arias Castillo manifiesta que los asesores fiscales han dicho que probablemente las empresas han sido subvaloradas por las consultoras privadas que han sido contratadas para levantar la información debido a que “algunas de ellas están bastante cuestionadas”, agrega.

A casi una semana de haberse iniciado las manifestaciones, esta medida ha sido tomada en medio del despertar de “un cierto sentido común popular que va más allá de lo sindical”. “Es un movimiento muy importante que ya no le pertenece al comando que convocó el paro”, concluye el senador opositor.

(Tomado de Actualidad.rt)

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