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LA HABANA. El aprovisionamiento regular de insumos para los procesos económicos en Cuba conduce a la mayoría de los actores —sean consumidores, empresas estatales o emprendedores privados— por los caminos complejos del acaparamiento, acción que constituye un delito según el Artículo 230 del Código Penal vigente.
El pecado original, contenido en el paradigma teórico de planificación imperante en el país —heredado en gran medida de otros contextos y momentos históricos— ha sido pretender que la función coordinadora entre los actores económicos desempeñada por el mercado pueda ser sustituida de raíz por un mecanismo administrativo permanente —identificado erróneamente como planificación—, que abarque casi la totalidad de la actividad económica.
Cualquier economía opera con modelos compuestos de valores y regularidades, y en la medida en que se van identificando patrones y recurrencias, también los actores consolidan respuestas coherentes con las exigencias que el sistema les impone. Uno de esos comportamientos reactivos es justamente acaparar.
Esto ocurre porque el modelo está caracterizado por mercados que funcionan en condiciones de escasez crónica para consumidores y productores. En muchas ocasiones los bienes y servicios demandados no existen en los mercados. La recurrencia de esta situación para una amplia gama de renglones es lo que se identifica como “economía de la escasez”; una de las causas fundamentales de esta, el modelo de planificación.
Un mecanismo de coordinación centralizado, como el que caracteriza la economía cubana, sin dudas consigue una más justa asignación de recursos y menor despilfarro social, cuando a las grandes metas se refiere. Pero su extensión a casi toda la actividad económica conlleva a la generación de otro tipo de costos.
Muchas veces el mecanismo centralizado asigna recursos imprecisos o atemporales, generando brechas entre oferta y demanda que conducen a situaciones simultáneas de escasez y excedentes artificiales. Esto ocurre cuando se pretende desconocer o ignorar al mercado.
No se puede desconocer que en el caso cubano influyen las condiciones de guerra económica a las que está sometido el país y que dificultan sobremanera su desempeño como una economía normal, restringiendo, al extremo de lo insólito, las posibilidades de inserción externa. Pero también hay una causa interna, esencial, que radica en un paradigma de planificación al que le resulta imposible asignar recursos de modo cotidiano que garanticen equilibrios en los mercados, así como producir los ajustes oportunos, debido a las inevitables brechas de información que sufre al tener que ejecutar tantas decisiones desde el centro.
Dada esa recurrencia, los participantes en los mercados estandarizan entonces un mecanismo de ajuste automático que, compulsado a rellenar los desequilibrios, halla la forma de reasignar los recursos que encuentra a su paso. Muchas de las soluciones violentan claramente las leyes y permanecen fuera del alcance de la regulación directa del Estado, que se obsesiona con el control como única vía. Surge así lo que se conoce en la literatura académica como “segunda economía”.
Acaparar: recurso de los actores económicos
El desabastecimiento recurrente de productos de primera necesidad, suele identificarse en algunos medios como acaparamiento por motivos de lucro. En realidad es todo lo contrario. Es más fácil demostrar que el frecuente desabastecimiento de estos productos es lo que genera prácticas acaparadoras en todos los actores.
Realizado por Oscar Fernández y Rachel Domínguez
Ante el desarrollo de esa “segunda economía”, que provee de manera efectiva una respuesta compensatoria, las autoridades centrales implementan mecanismos de control más exigentes en los establecimientos estatales y endurecen el marco regulatorio al que está expuesta toda la sociedad. Ninguna de estas acciones demuestra efectividad, pues no producen cambios en las condiciones que originan el fenómeno.
Cuando las autoridades pretenden controlar eventuales situaciones de falta de oferta —conocido en términos microeconómicos como “exceso de demanda”— mediante el establecimiento de límites cuantitativos a la compra del producto o la fijación de su precio (en caso que sea de libre formación), con esa propia acción envía la señal de que este podría escasear, y por lo tanto sugiere a gritos al comprador que busque la vía de garantizar para sí mismo una cobertura a largo plazo. Este incentivo para comprar en exceso no se basa necesaria y exclusivamente en intenciones de lucro como en el temor de un desabastecimiento inminente.
En condiciones de escasez crónica y de mercados de oferta inestable, para un consumidor completar su canasta cotidiana de bienes de consumo, algo que debería ser tan elemental y simple, se torna en una exigente lid —incluso sin considerar la “magia” para sortear la restricción de su bolsillo— que le exige un enorme esfuerzo y termina sustrayendo un tiempo precioso de su productividad o de su ocio.
Como resultado, se fomentan y cultivan los mismos comportamientos egoístas que se condenan del sistema de economías capitalistas —de hecho, los exacerba con la situación de competencia entre consumidores— con el agravante de que mantiene al individuo en un estado permanente de zozobra por obligarlo, al menos en alguna ocasión, a comportarse cómplice de una transacción ilegal. La recurrencia de situaciones de ilegalidad conlleva a su paulatina naturalización, en detrimento del desarrollo de una civilidad saludable en términos morales.
En esta economía restringida por la oferta, las empresas disfrutan de condiciones ventajosas al acudir al mercado en su rol de vendedores. No están exigidas por la demanda, por lo cual el mercado suele estar ávido para devorar todo lo que estas sean capaces de ofertar en condiciones razonables de precio/calidad/exclusividad. Sin embargo, luego como comprador, las empresas también enfrentan los problemas del ajuste forzoso de la “economía de la escasez” y desarrollan los mismos comportamientos de protección. A diferencia de los consumidores finales, la empresa centralmente administrada no tiene autonomía para adoptar sus decisiones en función de sus preferencias y restricción presupuestaria.
La mejor herramienta con que cuenta la empresa estatal en esta economía es su habilidad para la negociación tácita que se genera cada año con los niveles superiores en la conformación del plan, que es cuando se deciden los recursos que recibirán y las metas a las que se verán comprometidas. Este proceso de negociación es portador de una serie de comportamientos distorsionados que nada tiene que ver con planificación.
Otra manifestación del fenómeno ocurre con las cadenas de impago entre empresas, que se generan con tanta facilidad. En muchas ocasiones, su origen puede hallarse en una restricción central para acceder de manera oportuna a algún recurso límite por parte de una empresa —sea la realización de un pago al exterior, o una asignación demorada de un insumo— que afecta la dinámica de su proceso productivo y genera impactos “encadenantes” sobre las restantes empresas.
Dado este contexto el comportamiento racional que se puede esperar de estos actores es el de acumular inventarios excesivos siempre que sea posible, como mecanismo de garantía para la continuidad de sus producciones ante un desabastecimiento o ante la demora de una autorización. De modo que la empresa estatal incurre, también, en el delito de acaparar.
El emprendedor privado que opera en condiciones de legalidad, que debe aprovisionarse y garantizar su proceso productivo, no es considerado aún por el sistema una empresa, y no le da acceso a las redes de suministros, ya maltrechas, de la “primera economía”. Entonces lo lanza hacia los mercados de bienes y servicios finales y lo obliga a competir con los consumidores ordinarios, que ya se encontraban compitiendo entre ellos por los escasos e inestables bienes y servicios en los mercados minoristas. Pues los productores privados, como cabe esperar, se comportan de la misma forma que los consumidores finales; con la agravante de que al requerir cantidades superiores como insumos para sus actividades, tienen el poder de vaciar los mercados cuando estos no están bien abastecidos o no pueden responder con prontitud a incrementos de la demanda.
La consecuencia directa es devastadora para el desarrollo armónico de un modelo de economía heterogénea como el que urge consolidar en Cuba. El consumidor, o sea la población en su rol de consumidora, identifica al emprendedor privado como el enemigo que le vacía los mercados, cuando en realidad esto ocurre debido a la implementación incompleta de la política económica que les abrió su espacio, o, dicho de manera más sencilla, por incompetencias del mecanismo planificador imperante que no considera su demanda.
El mercado, que no es el libre mercado, existe y actúa…
El mercado existe en cualquier formación socioeconómica contemporánea, dado que siempre hay actores que preservan facultades para tomar al menos ciertas decisiones de manera autónoma. Mientras no se alcance el extremo de restringir totalmente las alternativas de los actores, entonces actuará.
Ahora, mercado no es sinónimo de propiedad privada. Esto es una rémora de una interpretación dogmática del pasado, ya superada en Cuba, al menos en los documentos oficiales.
La forma de propiedad predominante entre los actores concurrentes no implica el mayor o menor protagonismo del mercado. En teoría, pudiera existir un perfecto mecanismo de mercado operando en un modelo de economía cien por ciento de propiedad estatal. Así como pudieran existir mercados sujetos a niveles muy altos de regulación del Estado donde la mayoría de los concurrentes sean propietarios privados.
En consecuencia, el reconocimiento del rol del mercado tampoco significa ausencia total de intervención del Estado. El mercado es como un río: no se le puede atrapar con las manos, pero sí encauzar. Hay mucho espacio para diseñar políticas económicas que regulen y conduzcan los mercados sin pretender suplantar su función coordinadora con un manojo de órdenes administrativas. No es una cesta con dos únicas opciones: topar o desregular.
Incluso si toda la oferta fuera resultado de un mecanismo centralmente preconcebido, las fuerzas del mercado actuarían aún por el lado de la demanda, y por supuesto lo harían de manera independiente de la voluntad de cualquier autoridad. El mercado, por lo tanto, no solo existe, sino que determina la forma en que se distribuyen los bienes y servicios que el plan decida producir.
De modo que, si el plan no toma en cuenta la demanda, si la autoridad central no posee instrumentos, conocimientos, o voluntad para estudiar la demanda, o no está en capacidad de garantizar que la producción planificada se corresponda con ella, no tiene el más mínimo chance de evitar la reiteración de escaseces en unos casos o excedentes artificiales en otros.
El mecanismo de administración de divisas exacerba la “economía de la escasez”
En el caso particular cubano estos sistemáticos baches de oferta, que refuerzan la “economía de la escasez”, ocurren entre otras causas porque las empresas estatales —sobre quienes descansa la mayor parte de la oferta— no tienen la autonomía que les permita reaccionar al mercado y cerrar su ciclo producción-comercialización.
Este pequeño gran problema ocurre debido a una muy variada estela de restricciones, pero la más primaria, sobre la que se debería actuar con urgencia, es que los ingresos en CUC provenientes de sus ventas no son, de manera automática, convertibles en divisas internacionales a la tasa de cambio vigente, y por tanto no le otorgan capacidad de importar. Requieren de una mediación central de alguna naturaleza.
Para que una empresa pueda concretar importaciones requiere por lo general de una asignación central de las divisas, mecanismo que los entendidos llaman “coeficiente”, “certificado” o “capacidad” de Liquidez (CL). La no autorización a importar o la asignación tardía de esta capacidad de liquidez obstruye o detiene, al menos temporalmente, procesos productivos que a su vez impactan en otras producciones. La oferta se torna inestable, y la demanda insatisfecha.
La persistencia por más de diez años de este mecanismo administrativo, constituye un ejemplo fehaciente de cómo decisiones circunstanciales de política económica pueden obstruir el desarrollo al identificarse erróneamente como la única forma de planificación intrínseca de la economía socialista.
Para desarrollar las metas socialistas en Cuba vamos a necesitar de un mecanismo de planificación financiera, con mejor diseño de incentivos y que permita a los actores interactuar mucho más sin necesidad de un mediador directo. Esto se puede solucionar —y de hecho es recomendable— incluso antes de sumergirnos de manera completa y definitiva en el proceso de unificación monetaria.
De lo contrario no será posible paliar la escasez y por ende tampoco el acaparamiento, en cualquiera de sus niveles.
Nota: Este trabajo es una versión resumida del pasado 7 de septiembre, de un texto inédito mucho más extenso sobre el acaparamiento, la planificación y el mercado en Cuba. El artículo original se encuentra en proceso de publicación como un capítulo en el Volumen VIII de la serie “Miradas a la Economía Cubana”, coordinada por el Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana.
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