LAS TUNAS. Dicho en cifras frías, un millón 470 mil 736 personas verán junto a sus nombres en las nóminas de agosto una cifra monetaria mayor a la acostumbrada. Mientras, en el sector privado y cooperativo de la economía cubana o incluso dentro de las empresas estatales, funciona bajo dinámicas en las que los salarios han tendido una tendencia al alza, no ha ocurrido igual allí donde están casi uno de cada dos empleados públicos.
El incremento salarial anunciado corresponde al llamado sector presupuestado, cuyo sustento debe ser total o parcialmente subsidiado por las arcas públicas y del cual forman parte quienes laboran en las instituciones, y organismos de servicios públicos, o de las superestructuras gubernamentales y políticas. Ahí se incluyen, por ejemplo, esos que prestan los servicios de salud, educación, la cultura y el deporte; la administración pública, los servicios comunales (limpieza de áreas públicas y servicios necrológicos) y los civiles colocados dentro de las instituciones armadas.
Fue 2005 la última vez en que el Estado movió el salario mínimo nacional, colocándolo en 225 pesos. De entonces a la fecha estos incrementos acaecieron en el sector empresarial, mientras que en el presupuestado solo en porciones específicas: benefició al personal de las instituciones de salud, quienes toman parte en la operación y mantenimiento de la generación eléctrica, el turismo, la perforación de pozos de petróleo, la zona especial de desarrollo de Mariel, junto a los atletas de alto rendimiento, entrenadores y especialistas del deporte.
Aunque el anuncio tuvo lugar un jueves por la noche, a la gente le tomará un poco más tiempo asimilar en su complejidad la noticia de que para el sector presupuestado el salario mínimo se incrementa a 400 pesos con lo que el salario medio mensual por trabajador trepará hasta a 1067. Han sido necesarias varias explicaciones para comprenderlo mejor. La primera llegó a cargo del propio presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez quien aprovechó las conclusiones de la visita de gobierno a Pinar del Río para aclarar varios puntos. Concienzudamente el mandatario cubano fue señalando casos concretos de lo que significaba que el salario mínimo suba hasta el equivalente a unos 16 pesos convertibles (CUC).
La medida no sorprende por sus características sino por hacerlo justamente ahora. Algunos comentaristas de la actualidad económica doméstica la calificaron de audaz, admitiendo además que literalmente los tomó desprevenidos. No esperaban que ocurriera precisamente cuando Cuba ha visto caer sus ingresos externos vertiginosamente.
La acción en sí misma había sido sugerida por los economistas. Estos advertían sobre la urgencia de romper el círculo vicioso de postergar movimientos alcistas en los salarios en el sector presupuestado hasta la solución de otras cuestiones pendientes como la dualidad monetario-cambiaria o el crecimiento de la productividad interna.
“Normalmente usted puede decir: para que haya aumento de salario tiene que aumentar la productividad, pero también es cierto que para que aumente la productividad tiene que retribuir y estimular el trabajo. Entonces ¿qué va primero, el huevo o la gallina?”, comentaba en noviembre pasado José Luis Rodríguez. El ex ministro de Economía agregaba que, en determinadas condiciones, y las actuales serían el caso, eran necesarias medidas políticas de estímulo a la productividad —como el aumento salarial a los médicos—, sobre todo en un segmento de la población no ligada directamente a la producción de bienes materiales o a servicios que generen ingresos en moneda libremente convertible.
Riesgo ¿calculado?
Al cierre del año habrán salido a la calle siete mil 50 millones de pesos más, lo cual conduce a la interrogante de si están creadas las condiciones mínimas para evitar lo peor: una escalada inflacionaria y de precios que termine diluyendo un suceso que indudablemente ha tenido una calurosa acogida.
Se conoció además de acciones complementarias y compensatorias para evitar lo peor. En el paquete de medidas se incluyeron incentivos a los salarios en el sector productivo ligado a las exportaciones y donde quiera que se apliquen pagos por los resultados del trabajo; también actos en pos de propiciar el desarrollo empresarial desde mecanismos económicos y financieros.
Por otro lado, se adicionan nuevas fuentes al presupuesto del Estado con la incorporación de los aportes a la seguridad social de los empleados públicos presupuestados. Esa acción en particular, traerá inmediatamente de vuelta a las arcas públicas parte de los fondos liberados; algo sumamente importante dentro de un esquema de financiamiento en el que las contribuciones casi nunca alcanzan el monto total que se destina al pago de jubilaciones.
No obstante, continúa en el apartado de los pendientes qué ocurrirá con los sectores de menos ingresos, pues ni las pensiones mínimas y las cuantías base de la asistencia social han sido objeto de cambios tras el pequeño aumento de noviembre del 2018.
Los salarios suben, los gastos… también
En medio del regocijo es imposible no tener en cuenta otras dinámicas tan o más relevantes y que podrían marcar el éxito o el fracaso de lo anunciado este 28 de junio.
Una actualización al monto y estructura de gastos de familias urbanas dependientes de salarios y pensiones dada a conocer a finales del año pasado por el Centro de la Economía Cubana señaló procesos que a la luz de este momento vienen a reforzarse. A saber: la elevación de salarios y pensiones, la variación en la cantidad de alimentos racionados, la eliminación o reducción de subsidios a bienes y servicios, así como la dinámica de los precios de los bienes básicos.
El Centró evaluó que, frente a los resultados de estudios análogos completados en 2005 y 2011, en 2016 se apreció “una mejora en el salario promedio y una contracción del rol de la canasta de productos racionados en el consumo”.
En sus estimaciones solo tuvieron en cuenta propósitos esenciales para la vida, recordando el acceso gratuito que provee el Estado a los servicios de educación y de salud. Excluyeron además el alquiler de la vivienda, pues la mayoría de la población habita en viviendas propias. Con todo y eso como promedio, dijeron, los gastos per cápita mensual en alimentación para estos tipos de hogares se movió en 2016 en el rango de los 297 y 334 pesos, bastante cerca a lo encontrado en 2011, pero muy distante de lo existente cuando ocurrió el último incremento salarial al sector presupuestado estatal. Por entonces las erogaciones oscilaban entre los 228 y los 250 pesos.
Refiriéndose a los expendios reservados para el servicio de transporte, asumieron el uso del traslado más cercano a las posibilidades de estos núcleos familiares, o sea el transporte público regular. Aclararon que dichas cifras podrían moverse hacia abajo frente al uso del transporte obrero o sustancialmente en sentido inverso con la utilización de otros con tarifas mayores, como los refuerzos alimentarios o el alquiler privado. Mas, incluso bajo esos parámetros, los gastos solo frente al 2011 prácticamente se duplicaron.
El propósito del Gobierno Revolucionario es acercar los salarios de sus trabajadores menos favorecidos a lo que se supone sea el rango de sus necesidades esenciales, mas, es evidente que la tendencia de los costos de la satisfacción de dichos requerimientos ha mantenido desde la última subida salarial masiva de 2005 una tendencia al alza.
Sería lógico esperar entonces otras medidas que acompañen este aumento salarial, reformas que desafíen y ordenen deformaciones estructurales de la economía cada vez menos procedentes como la dualidad monetario-cambiaria o los actuales mecanismos de formación de precios minoristas y mayoristas.
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