LA HABANA. Después de tres años de negociaciones, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos, firmaron un acuerdo para la contratación de peloteros cubanos.
El trato es similar al que tienen los norteamericanos con otras ligas del mundo y fue posible porque el gobierno de Barack Obama lo había autorizado, dentro del proceso de flexibilización en la aplicación del bloqueo que llevó a cabo su gobierno.
El meollo de la cuestión sigue siendo ese, el bloqueo. En ningún otro caso, el gobierno norteamericano tiene que intervenir para que un atleta sea contratado por un equipo de su país. De cualquier manera, bajo estas condiciones, continuaron las negociaciones durante el gobierno de Donald Trump y se supone que la MLB recibió garantías de respetar lo antes establecido, toda vez que concluyeron las negociaciones y comenzaron a darse pasos para concretar lo pactado.
Para Cuba era un acuerdo muy importante, porque frenaba el drenaje indiscriminado de atletas, en detrimento de la calidad del deporte nacional. Pero también por las repercusiones sociales y políticas que implicaban las prácticas ilegales aplicadas para promover la emigración de los peloteros.
Como el bloqueo prohibía la negociación directa entre los dos países o que un atleta fuese firmado sin renunciar a su condición de cubano, era necesaria la figura de un intermediario, encargado de organizar su salida de Cuba y obtener la residencia en un tercer país, para presentarse a la MLB en calidad de “agente libre”.
Para llevar a cabo el negocio se violentaba cualquier norma de conducta. Se instigaba el abandono de los equipos cubanos en plena competencia, se organizaban peligrosas salidas clandestinas y se sobornaba a funcionarios extranjeros, con vista a obtener asilo y la documentación necesaria.
Una vez consumada la operación, los atletas eran recibidos como muestra de oposición al gobierno de la Isla y los traficantes continuaban operando con absoluta impunidad en Estados Unidos. Aunque el exceso de estos individuos, denunciado en ocasiones por los propios atletas, condujo a la intervención de las cortes y se llegó a condenas por tráfico de personas en algunos casos puntuales, por lo general se trataba de figuras públicas, con conexiones con las autoridades locales.
Los “agentes libres” cubanos saltaban por encima de los procesos normales de selección de la MLB y estimulaban una competencia desleal entre los equipos. La asociación de peloteros norteamericanos condenó esta situación y estuvo entre los promotores del acuerdo.
La MLB también gana con el acuerdo. En primer lugar, porque estaría en condiciones de escoger dentro de todo el universo de peloteros cubanos, uno de los potenciales más grandes del mundo, e incorporarlos a su sistema de contratación. En segundo lugar, porque abarataría los costos de los contratos, evitaría conflictos con el resto de los peloteros y no estaría forzada a negociar con personas que, más que representantes deportivos, son delincuentes internacionales.
Se suponía entonces que todo el mundo ganaba con el acuerdo, en particular los atletas, que podrían encauzar sus carreras con un alto margen de seguridad profesional y personal.
Sin embargo, salieron a la palestra los tipos de la “industria del mal”, como definía mi amigo Francisco Aruca a la extrema derecha cubanoamericana, los amigos de los traficantes, y el acuerdo se fue a pique, al menos transitoriamente, toda vez que el actual gobierno estadounidense revertió la decisión de Obama y dejó colgada de la brocha a la poderosa MLB, que hasta el momento en que escribo no ha dicho cómo reaccionará.
Los argumentos utilizados son un insulto a la inteligencia de las personas. Según John Bolton, asesor de seguridad nacional, porque contribuía al sostenimiento del gobierno venezolano. Por su parte, el senador Marco Rubio, argumentó que como la FCB cobraba una comisión por cada atleta contratado, se trataba de tráfico de personas. Dígale esto a cualquier federación de cualquier deporte en el mundo y pensará que se trata de un extraterrestre.
Evidentemente estas personas se sienten poderosas cuando están en capacidad de hacer daño y toda la vida han trabajado por mantener un clima de beligerancia entre los dos países, del cual depende su existencia política o la satisfacción de sus frustraciones personales.
Pero el abuso tiene límites. Es tanto el malestar que están causando con su cruzada anticubana, que mucha gente, dentro de un amplio espectro de la sociedad norteamericana y más allá, están tomando mayor conciencia de la urgencia que tiene para sus propios intereses, acabar con una aberración legal como la ley Helms-Burton.
La sabiduría popular ha instalado el refrán de que “no hay mal que por bien no venga”. Es posible entonces que estemos más cerca de que termine esta política insensata. La esperanza consiste en que nada es eterno, mucho menos el gobierno de Donald Trump.
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