LA HABANA. Bastante revuelo ha causado el incidente originado por más de mil emigrantes cubanos que se encuentran varados en Costa Rica, como resultado de la negativa del gobierno nicaragüense de permitirles atravesar su territorio camino hacia Estados Unidos, que era el destino final de estas personas.
Cualquiera que hayan sido las circunstancias, resulta condenable que se haya utilizado la fuerza para detenerlos. El problema migratorio constituye un fenómeno condicionado por razones sistémicas, que debe ser enfrentado mediante políticas adecuadas por parte de los gobiernos involucrados, garantizando el trato humano a los migrantes, que en definitiva son víctimas de las redes de traficantes y la corrupción de las autoridades implicadas para estas prácticas.
En realidad este acontecimiento responde a un problema mucho más complejo y abarcador que el reflejado hasta ahora por la prensa. Si el incidente ocurrido en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua ha tenido tal destaque mediático es porque se trata de cubanos, pero desgraciadamente hechos mucho más graves ocurren todos los días con otros emigrantes irregulares latinoamericanos, que aspiran a asentarse en Estados Unidos.
Incluso si logran sobrevivir la travesía y traspasar una frontera custodiada por ejércitos, muros, satélites y drones –hasta milicias paramilitares encargadas de “cazarlos”–, después son víctimas de una feroz discriminación, que incluye tirarlos de vuelta por encima del muro, como ha propuesto Donald Trump, con el apoyo de un número nada despreciable de norteamericanos.
Los cubanos son la excepción. Si logran llegar a la frontera norteamericana son admitidos automáticamente y al año de estancia en ese país pueden acogerse a una Ley de Ajuste, que solo se aplica para ellos, y les garantiza un trato muy generoso para su asentamiento y posterior integración a la sociedad norteamericana.
Yo no soy enemigo de la Ley de Ajuste, más bien considero que debe ser aplicada a todos los inmigrantes, entre otras cosas, porque ha demostrado su efectividad para atenuar algunos de los graves problemas que encara la sociedad norteamericana, como resultado del problema inmigratorio.
Lo políticamente nocivo es su excepcionalidad y el hecho de que puedan beneficiarse de ella inmigrantes ilegales. Utilizan esta vía simplemente porque Estados Unidos les niega la entrada mediante mecanismo legales, mientras los acepta en virtud de la política de pie seco/pie mojado, manipulando burdamente el fenómeno migratorio cubano: estimula la propia emigración ilegal que por otras vías pretende impedir.
Durante años, Cuba fue criticada por limitar la emigración de sus ciudadanos, pero desde el momento mismo en que la Reforma Migratoria de 2013 estableció esta libertad, la primera reacción del gobierno norteamericano fue manifestar su “preocupación” de que tal posibilidad se utilizara para el ingreso de inmigrantes ilegales cubanos a través de terceros países, aprovechando la misma ruta que millones de inmigrantes latinoamericanos han utilizado tradicionalmente.
Efectivamente fue así, por la sencilla razón de que hacerlo por mar, como había ocurrido hasta entonces, implicaba el riesgo de ser devueltos si eran capturados antes de pisar suelo norteamericano, aumentando el peligro de la operación y la posibilidad de perder las grandes sumas de dinero que los traficantes cobran por la travesía.
Para algunos venales funcionarios latinoamericanos, dejar que los flujos migratorios traspasen su territorio camino hacia Estados Unidos, significa un buen negocio, sin implicaciones para su país y con menor riesgo que el tráfico de drogas, aunque muchas veces ambas actividades se combinan. De ahí que Estados Unidos ha venido presionando a los países de la región para evitar que continúe esta práctica, ya sea en relación con los cubanos o cualquier otra nacionalidad.
Esta presión norteamericana, y no una conspiración cubana, inventada por algunos calenturientos órganos de prensa que hablan de la presencia de agentes provocadores y citan “fuentes diplomáticas latinoamericanas anónimas” para afirmarlo, es probablemente la causa del incidente ocurrido en Costa Rica.
Mi tesis, ya que desgraciadamente no cuento con fuentes diplomáticas anónimas, es que quizá para satisfacer las exigencias norteamericanas o por cualquier otra razón, el gobierno costarricense desmanteló una de las redes de traficantes que operaban en su país y los migrantes cubanos quedaron varados en su territorio. Cuando la “cosa se puso mala”, entonces les concedieron un “permiso de tránsito” –algo inusitado si no se cuenta con la visa del país de destino– y así “soltarle el muerto” a los nicaragüenses, que amparados en la ley y sus propios intereses decidieron no aceptarlos.
En un comunicado oficial, el gobierno cubano ha criticado la aplicación de la llamada política de “pies secos/pies mojados”, agregando que “esta política estimula la emigración irregular desde Cuba hacia los Estados Unidos y constituye una violación de la letra y el espíritu de los Acuerdos Migratorios en vigor, mediante los cuales ambos países asumieron la obligación de garantizar una emigración legal, segura y ordenada”, lo que ha sido el interés histórico de Cuba y con seguridad está incluido en sus negociaciones con otros países.
Más importante aún, por la novedad que constituye en relación con políticas aplicadas en el pasado, es que informa que las “autoridades cubanas se han mantenido en permanente contacto con los gobiernos de los países implicados, con el objetivo de encontrar una solución rápida y adecuada, que tome en consideración el bienestar de los ciudadanos cubanos”. Así como ratifica que “los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, sí así lo desean”.
Mirado con la objetividad que imponen los hechos, una vez que Cuba decidió liberar la posibilidad de emigrar, carece de importancia el país de destino escogido por las personas, el asunto es evitar que la emigración constituya un factor de desestabilización social interna y potenciales conflictos con otros países, incluyendo a Estados Unidos.
Tampoco es “la principal responsable” de lo que está ocurriendo, como han afirmado algunos. Estamos hablando de emigrantes legales que viajaron a su primer país de destino con la documentación en regla y la autorización correspondiente del país receptor, los cuales gozan de la protección cubana, incluso aunque hayan violado las leyes de otros países, como ha ocurrido en este caso, y pueden regresar a Cuba si así lo desean.
Ninguno aplica para ser considerado como “refugiado”, según los parámetros establecidos por la ONU para determinar esta condición, y me imagino que aquellos que no quieran regresar, lo hacen en la esperanza de que continúe primando la “excepcionalidad” que ha caracterizado a la emigración cubana y “alguien” resuelva el problema, o porque no quieren perder los considerables gastos que ha implicado la aventura, una de muchas, que por lo general se organizan y financian desde Miami.
En una entrevista publicada por Progreso Semanal a una de estas personas, resalta el interés por evitar hacer algo que pueda comprometer sus futuras visitas a Cuba, un patrón que las equipara con cualquier otro emigrante cubano en los últimos años.
En verdad, no soy muy optimista de que el problema creado en Costa Rica tenga pronta solución, salvo que estas personas decidan regresar a Cuba. Dudo que los Estados Unidos permita que se establezca un precedente que legitime una ruta de emigrantes ilegales a través de América Latina, con consecuencias que trascienden con mucho el problema de los cubanos, ni que Costa Rica o cualquier otro país latinoamericano esté dispuesto a acogerlos, entre otras cosas, porque algunos de ellos han dicho que ese no es su interés.
Pero de cara al futuro el problema es mucho más grave y con seguridad seremos testigo de otros incidentes, que ojalá no tengan consecuencias peores que lo acontecido en este caso.
Aunque sería un gran paso de avance para las relaciones entre los dos países, ni siquiera la adopción de acuerdos entre Cuba y Estados Unidos que eliminen los impedimentos actuales para una emigración “legal, segura y ordenada”, resolverá definitivamente el problema de la emigración ilegal de cubanos.
Sus causas, al igual que ocurre en el resto de América Latina y el Caribe, incluso en todo el mundo, hay que encontrarlas en un orden internacional asimétrico e injusto, que incuba la emigración como otros muchos problemas sociales de la realidad contemporánea.
Imagen de portada: Uno de los tantos coyotes que operan en la zona. Foto tomada de Diario Extra de Costa Rica.
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