Historia de dos aeropuertos
MIAMI.– Un equipo de todos estrellas medioambientales, encabezados por el Concejo de Defensa de los Recursos Naturales, el Club Sierra, el Fondo Mundial de la Fauna, la Sociedad Nacional Audubon, la Asociación de Parques Nacionales y Conservación, la Federación de Fauna de la Florida, y Amigos de los Everglades se oponen categóricamente a un proyecto de aeropuerto propuesto para ser construido en 660 hectáreas de tierra que se encuentran entre dos parques nacionales en el extremo sur del condado de Miami-Dade. Basándose solo en esa información ustedes probablemente pensarían que el proyecto no tiene la menor posibilidad.
Están equivocados.
Sucedió en la década de 1990 con el proyecto de la Compañía Inmobiliaria de la Base Aérea Homestead, Inc. (HABDI). HABDI nació de manera milagrosa, obteniendo de la noche a la mañana un contrato sin licitación de manos de los comisionados del condado de Miami-Dade por una votación de 9 a 4. Una votación realizada a pesar del hecho de que los comisionados no habían estudiado, ni siquiera considerado, otras propuestas para la tierra. El plan era urbanizar privadamente la Base Aérea Homestead, la cual había sido destruida por el huracán Andrew en 1992, y convertirla en un aeropuerto de propósito general. Debía incluir hoteles, complejos de oficinas y centros de comercio minorista.
La razón en contra del proyecto HABDI fue dejado totalmente en claro por Alan Farago, presidente por entonces de Conservación Miami Sierra, quien escribió: “La posible construcción de un contaminante aeropuerto de mil millones de dólares” adyacente a parques ambientalmente sensibles era “intolerable”.
The Miami Herald y otros periódicos de La Florida, conjuntamente con The New York Times, armaron un escándalo por la posible construcción de un aeropuerto comercial entre los más amenazados parques nacionales de Estados Unidos. Aún así, un cabildero de HABDI tuvo la audacia de sugerir que el verdadero problema era que “los parques nacionales están situados demasiado cerca de los centros de población”.
Vayamos rápidamente a 2014.
Una compañía ganó una licitación, duramente luchada, para construir una urbanización de $512 millones, llamada Airport City, en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). El plan contempla la construcción de un proyecto “futurista” donde los “visitantes recién llegados se alojan en un hotel 4 estrellas para relajarse [junto a la] piscina, y ejecutivos corporativos van por una cinta transportadora a reunirse en el centro de negocios, a solo unos minutos”…
Los contribuyentes no pagarían un centavo de la cuenta de $500 millones de dólares. El urbanizador recuperaría su inversión administrando las nuevas instalaciones durante medio siglo –mientras que pagaría al condado un alquiler y un porcentaje de los ingresos. El proyecto prevé que el condado ingrese 500 millones de dólares por el negocio de 50 años. No está mal. Es más, probablemente ustedes estén asintiendo y pensando: “Pero por supuesto, vamos a hacerlo”.
Y también estarían equivocados. Porque hay un truco… Sucede que el urbanizador es Odebrecht USA, un afiliado de su casa matriz en Brasil que trabaja en Cuba – responsable de desarrollar el nuevo Puerto de El Mariel y su adyacente Zona Económica de Desarrollo, a unos cuarenta kilómetros de La Habana.
Poco después de que Odebrecht recibiera el OK ganador para construir Airport City, varios comisionados cubanoamericanos del condado se dieron cuenta de sus lazos con el grupo brasileño que hace negocios en Cuba. Ahí fue cuando comenzó a atascarse el asunto. Se lanzaron al aire todo tipo de razones sin sentido para retrasar la construcción del proyecto. Por el camino, el proyecto de 15 hectáreas se redujo también a 3,6 hectáreas. Odebrecht USA no pestañeó –se pusieron de acuerdo para un plan menor.
Ocho años después, Airport City puede que esté en las últimas –listo para “deshacerse”, como lo describió recientemente The Miami Herald. Entre un alcalde cubanoamericano, dos persistentes comisionados cubanoamericanos del condado, y un cubanoamericano que dirige MIA para el condado, puede que ya sea suficiente para Odebrecht.
A principios de julio, un artículo de The Miami Herald reportaba que el “contratista Odebrecht USA indicó a principios de semana que puede que haga una reclamación judicial al condado, que es propietario del MIA, por no llevar a votación los acuerdos del proyecto de Airport City que han sido revisados repetidamente a petición de administradores de aviación presionados por algunos políticos de la localidad.
“A la luz del hecho de que Odebrecht ha gastado millones de dólares en Airport City y las razones continuamente cambiantes y extrañamente inoportunas para no dejar avanzar el Proyecto, Odebrecht puede que trate de que se le reembolsen sus costos y otros daños”, escribió el ejecutivo principal de la compañía, Gilberto Neves, en una carta enviada al alcalde Carlos Giménez.
La versión del Herald cuenta que “según Neves, Odebrecht ha gastado más de $11 millones de dólares en el proyecto desde que Miami-Dade pidió a la industria constructora en 2008 –en plena agonía de la recesión económica– que presentara una asociación pública-privada para ganar dinero con el aeropuerto”.
El proyecto HABDI de la década de 1990 también implicaba a cubanoamericanos. El alcalde del condado era por entonces Alex Penelas, un firme defensor del proyecto. El grupo HABDI estaba dirigido por influyentes miembros de la Asociación de Constructores Latinos, en su mayoría cubanoamericanos, que eran grandes donantes a las campañas de muchos comisionados que estaban en el poder. La lucha interna y una aparente ausencia de bolsillos suficientemente profundos, hizo que HABDI, la corporación, vendiera más tarde una parte mayoritaria de la compañía a la familia Mas Canosa.
Gracias a Dios por el trabajo de la comunidad medioambiental que presionó y nunca se rindió. Ella forzó al gobierno federal a intervenir en contra del proyecto HABDI. Políticos de la localidad y la comisión del condado –encabezados por los cubanoamericanos– fueron en contra de los intereses de la comunidad, los ambientalistas, los principales periódicos y el gobierno federal tratando de imponer lo que hubiera sido un despilfarro de miles de millones de dólares –y el desastre.
En la actualidad, el proyecto de Airport City se encuentra detenido y sin decidir –debido al capricho de un puñado de políticos y administradores del condado, todos cubanoamericanos, que no permitirán que se realice el proyecto. Esta “enfermedad de Cuba” miamense a la que hemos estado expuestos por más de medio siglo puede que cueste a los contribuyentes más de 10 millones de dólares sin obtener nada a cambio.
Y todo debido a que unos pocos cubanoamericanos que están indignados porque una compañía brasileña hace negocios en Cuba.
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