Nuevo Código de Trabajo: dos críticas a la actividad legislativa

Progreso Semanal reproduce a continuación dos textos que alertan sobre la no inclusión en el nuevo Código de Trabajo, de forma explícita la identidad de género como uno de los motivos para no discriminar. Este punto había sido consensuado durante las sesiones del Parlamento. Dixie Edith (Cubaprofunda) y Francisco Rodríguez Cruz (Paquito el de Cuba), señalan claramente este déficit y alertan sobre las buenas prácticas legislativas.

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Código del Trabajo: aplausos… y alerta para nuevas leyes

Por Dixie Edith

Entre agudas polémicas, recién entró en vigencia el nuevo Código del Trabajo de la República de Cuba. Le antecedió un proceso de debates populares que duró varios meses hasta su aprobación el pasado diciembre, durante las sesiones del Parlamento. Tras poco más de 69 mil asambleas de base, con la participación de cerca de tres millones de personas, fueron modificados 101 artículos, se incluyeron 28 nuevas normas, y se reelaboró completamente el Capítulo II, referente a las organizaciones sindicales.

Pero quizás la mayor novedad de la ley de leyes del trabajo –y su mayor valor- radica en la actualización de políticas laborales tanto para el sector estatal como para el no estatal, cada vez con mayor impacto en el panorama del empleo en Cuba. Y también, que avanza hacia una comprensión más abarcadora del respeto a la diversidad humana.

La no discriminación por orientación sexual es una de las modificaciones incorporadas entre los principios fundamentales del derecho al trabajo en Cuba, gracias al largo camino de consultas. Además, el Código se apropió del término “género” en lugar del restrictivo vocablo “sexo” que rezaba en el anteproyecto; y quedó suprimido el concepto impropio de “raza”, para dejar el más objetivo “color de la piel”.

O sea, la nueva ley refrenda el derecho de un trabajador gay o una trabajadora lesbiana para acudir ante los tribunales, en caso de una presunta injusticia por causa de su orientación sexual. Resulta válido lo mismo en un empleo estatal, que si laboran para empleadores privados, en una cooperativa o en cualquier otra forma de propiedad o gestión no estatal. Así, Cuba ha pasado a figurar entre las naciones con leyes que prohíben la discriminación debido a la orientación sexual y confirma, una vez más, la vocación humanista de nuestra sociedad.

Sin embargo, la publicación de la ley definitiva ha dejado un sinsabor amargo entre quienes seguimos las sesiones del Parlamento donde fue aprobada. La diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, respaldada por otras voces del plenario, propuso incluir en el citado Artículo 2 la no discriminación por identidad de género, por estatus frente al VIH y por discapacidad. Sugirió también utilizar en la norma en general un lenguaje no sexista y pidió una adición para prevenir la violencia laboral.

Tras un tenso debate, la ley recibió luz verde por mayoría parlamentaria, con un voto de confianza para crear una comisión legislativa que acordara la redacción final y considerara todas las posturas enfrentadas ese día en el seno de la Asamblea Nacional.

Definitivamente, tal acto de fe fue un error; sobre todo, de procedimiento. Por alguna razón, la versión conclusiva del Código de Trabajo no tomó en cuenta todas las proposiciones tal y como se había negociado en la sesión parlamentaria. A lo mejor, si hubieran sido incorporadas, no estaríamos reflexionando sobre un asunto de trascendencia mayor que la inclusión de uno u otro punto: las leyes, según nuestra Constitución, se aprueban en el Parlamento, sin ajustes o intervenciones posteriores por ninguna comisión. La lección es que corresponde a los diputados en plenario adoptar la versión definitiva, tómese el tiempo que se tomen los debates.

En cuestión tan sensible, me sumo a la valoración publicada por el colega Francisco Rodríguez Cruz, comentarista atento y crítico de este proceso, en su blog Paquito el de Cuba.

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Escamotean voluntad del Parlamento en nueva ley laboral

Por Francisco Rodríguez Cruz

Estoy indignado porque ocurrió lo que no debía suceder. El nuevo Código de Trabajo acaba de ser publicado, sin incluir de forma explícita a la identidad de género como uno de los motivos para no discriminar, dentro de los principios fundamentales que rigen el derecho al empleo.

Aunque quedó expreso el rechazo a la discriminación por orientación sexual, que estaba en el proyecto que discutió el Parlamento en diciembre último, y le añadieron la discapacidad como fruto del debate entre los diputados, la propuesta de Mariela Castro Espín sobre la identidad de género, apoyada en el plenario por varios integrantes del máximo órgano legislativo, fue desconocida por la comisión que tuvo a su cargo la redacción final de la ley.

El asunto es muy grave. Pone en entredicho los métodos y formas de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el cumplimiento de los procedimientos legislativos por parte de la dirección del máximo órgano del Estado y la transparencia en la toma de decisiones a partir de la voluntad de los diputados y las diputadas, los únicos que pueden ejercer el derecho de aprobar o modificar leyes en representación del pueblo cubano.

Como recordarán, la inclusión del tema de la identidad de género solo tuvo el rechazo público en el Parlamento del secretario del Consejo de Estado, quien a pesar de confesar que no dominaba el asunto, tomó partido en contra desde su desconocimiento.

También presentó sus reservas hacia las propuestas de la diputada Mariela, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, quien fue encargado para dirigir la comisión que concluiría la redacción del cuerpo legal.

No fue atendida ni siquiera la sugerencia del primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien medió en la discusión y abogó por tener en cuenta lo allí planteado por Castro Espín.

O hay mucha ignorancia en una parte decisoria de la dirección de este país sobre las teorías más contemporáneas sobre género, o sencillamente existe un empecinamiento sobre la base de prejuicios transfóbicos, para no aceptar algo tan elemental y científicamente fundamentado. O quizás sean ambas cosas juntas.

Para la ciudadanía y sus representantes en el Parlamento, la lección tiene que quedar muy clara: no es posible en lo adelante dar votos de confianza a comisiones ni mediaciones fuera del ámbito democrático de la Asamblea. Eso no es constitucional ni ético.

Si hay que discutir cada letra de una ley, tendrán que hacerlo. No son posibles los conformismos ni las presiones a partir de los restringidos tiempos parlamentarios de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Las exhortaciones a la polémica y a las decisiones sobre la base del debate colectivo no pueden ser de mentiritas.

El Parlamento tiene que sesionar las horas y los días que sean necesarios hasta que haya una votación sobre textos y principios definitivos. No es admisible que nuestros diputados y diputadas otorguen un cheque en blanco a ninguna persona o grupo de personas para que determinen sobre cuestiones sustantivas de derechos con posterioridad al ejercicio del voto.

Solo así conseguiremos que haya respeto a las políticas aprobadas y a la voluntad expresa del Partido Comunista de Cuba en sus documentos rectores, sin que nadie se arrogue la potestad de interpretarlos y adoptar decisiones sobre la base exclusiva de su conveniencia o sus limitaciones culturales o de otro tipo.

Como militante comunista y ciudadano cubano, lamento y repudio la omisión de la identidad de género como una posible causa de discriminación en el ámbito laboral en la Ley 116/2013 Código de Trabajo, sean quienes sean los responsables de esa antidemocrática exclusión.

Es muy triste que ignorar esta mención de elemental justicia ensombrezca todo el proceso de consulta popular que previamente tuvo lugar entre los trabajadores cubanos para poner a punto el proyecto de Código, así como el espíritu más avanzado y el carácter imprescindible de nuestra nueva Ley.

TEXTO FINAL DEL INCISO b) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 116/2013

ARTÍCULO 2.- Los principios fundamentales que rigen el derecho de trabajo son:

b) igualdad en el trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana.

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