A propósito del arreglo monetario y cambiario cubano

LA HABANA. Durante las sesiones de la Asamblea Nacional en diciembre de 2017, el gobierno cubano retomó la discusión sobre la importancia de avanzar hacia un nuevo arreglo monetario y cambiario.

Entre todos los argumentos vertidos, resalta uno que hasta ese momento había circulado esencialmente en los medios académicos. Si bien una mayoría de expertos está de acuerdo en que el tránsito hacia un sistema diferente implica costos económicos y sociales de consideración, estos deberían ser juzgados en relación a la opción alternativa, esto es, mantener el esquema actual.

Este tiende a esconder o subestimar sus costos, dado que el modelo cubano ha “aprendido” a convivir con las profundas distorsiones que genera, que son mucho más serias y complejas que la incomodidad diaria de tomar decisiones de consumo, ahorro e inversión sobre la base de ingresos y gastos en dos monedas (tres, incluyendo al dólar estadounidense).

Los orígenes del esquema actual se ubican a principios de la década de los noventa, en un escenario caracterizado por una profunda crisis económica, grandes desequilibrios macroeconómicos (depreciación, inflación, déficits fiscales) y la dolarización parcial de la economía. El uso de un sistema basado en dos signos monetarios (CUP y CUC), múltiples tipos de cambios (dos en el comienzo, oficial 1 CUP= 1 CUC= 1 USD; abierto 25 CUP= 1 CUC a la valoración actual), y controles de cambio (hay restricciones para empresas e individuos en cuanto al volumen de dólares que pueden comprar al cambio vigente, sobre todo para las empresas) permitió aislar a los “sectores emergentes” (turismo, exportadores, remesas) de los desequilibrios del segmento que operaba en pesos. Esto fue clave para trasmitir confianza a los visitantes y, sobre todo, a los potenciales inversores extranjeros.

Durante veinte años aquella idea original ha asumido algunas características adicionales como la incorporación de tipos de cambio adicionales para sectores y operaciones específicas. Además, el peso convertible ha dejado de serlo completamente, tanto en el ámbito de las empresas estatales mediante los certificados de liquidez, como en la población a partir de la escasez recurrente de bienes y servicios que se transan en esa moneda.

El aspecto subyacente en ambas situaciones es una devaluación implícita y discrecional de esa moneda (el CUC). Estos ajustes han sido necesarios en tanto la idea original fue concebida como una solución coyuntural, mientras que el contexto socioeconómico ha variado notablemente desde entonces.

Mientras el esquema cubano permitió crear condiciones mínimas para remontar la crisis de los noventa, este también comporta efectos negativos que se han magnificado a partir de su duración en el tiempo. Las distorsiones son variadas, pero se podrían agrupar en unas pocas áreas principales: los efectos sobre la medición de la actividad económica; las distorsiones en la asignación de recursos (insumos, trabajo, capital) que se refleja en decisiones ineficientes de inversión y consumo, tanto por empresas como por las personas (por ejemplo, penalización implícita a las empresas exportadoras); la segmentación del espacio productivo doméstico, lo que reduce aún más el tamaño del mercado interno y el aprovechamiento de economías de escala.

En términos de crecimiento económico, transformación de la estructura productiva y bienestar social el costo es inconmensurable. Sin embargo, la magnitud del desafío tiende a desplazar a un segundo plano algunas de las esencias del fenómeno y sus consecuencias. Veamos.

El problema subyacente en cada experiencia internacional de este tipo es de balanza de pagos, esto es, en ciertos momentos un país es incapaz de generar suficientes divisas para hacer frente a sus compromisos en moneda extranjera, como gastos de importación, servicio de la deuda (pública y privada), y las rentas a repatriar de los factores extranjeros que producen en el país —los dividendos que le corresponden a una empresa extranjera que tiene inversiones en Cuba deben ser repatriados en una moneda extranjera, independientemente de que sus ingresos se hayan generado en pesos convertibles—.

En esa lógica, estos arreglos vienen a tratar de resolver un problema de asignación de un recurso escaso (divisas) que no es conveniente dejar completamente en manos del mercado a través del ajuste del tipo de cambio, en este caso una depreciación. Sirva esta aclaración para llamar la atención sobre el problema fundamental, es decir, la escasez crónica de divisas.

Los arreglos monetario-cambiarios “no convencionales” no son únicos de Cuba, aunque su popularidad ha decaído en las últimas dos décadas, debido a su gran costo económico y social y la mejoría del manejo macroeconómico en la mayoría de los países. No obstante, habría que hacer una distinción entre dos motivaciones principales para adoptar estos esquemas. El más recurrente es una crisis de balanza de pagos que un gobierno determinado decide manejar con cautela para proteger ciertas actividades y el nivel de vida de su población. En estos casos el razonamiento subyacente es que es parche transitorio que es preciso reemplazar por una solución más sostenible tan pronto como sea posible.

Otras experiencias dan cuenta de un uso más prolongado de esquemas “no convencionales”. Es el caso de algunos países de rápido crecimiento en Asia como Corea del Sur.  El objetivo explícito fue crear y usar ciertas distorsiones (incluyendo el manejo del tipo de cambio) para favorecer a las actividades exportadoras. Recientemente ha habido un gran debate en torno a si China mantiene un yuan depreciado, para otorgarle una ventaja a sus exportadores en el mercado internacional.

Cuando se comienza a razonar en estos términos, se gana en claridad en relación al fenómeno en sí mismo y al vínculo que existe entre una solución duradera y sostenible al mismo en el contexto cubano, y las reformas estructurales a que está abocado el modelo económico de la Isla, algunas de ellas esbozadas como parte de la “actualización del modelo”, pero deficientemente implementadas en los últimos siete años.

En Cuba se introdujo este esquema para atender una situación extrema, pero ni se abandonó a corto tiempo ni las distorsiones han sido funcionales a una política de desarrollo activista, más bien todo lo contrario. También concurren otros aspectos como la preferencia por los métodos administrativos y discrecionales que es consustancial a los modelos de planificación central (aunque el cubano haya dejado de serlo en estado puro), y la resistencia a introducir los cambios que harían viable un esquema alternativo, por ejemplo, un cambio en la gobernanza de la empresa estatal, la entrada libre de otros productores de diferentes formas de propiedad, otro mecanismo de formación de precios, y muchos más.

Las limitadas reformas introducidas y los retrocesos recientes contienen contradicciones sistémicas que dificultan el abandono del sistema actual, y limitan los beneficios de adoptar un nuevo esquema. De hecho, el efecto de algunos de los enfoques actuales tiende a reforzar los problemas recurrentes en la balanza de pagos. Por ejemplo, promover la inversión extranjera en actividades no exportadoras, o que no contribuyen a reducir los costos efectivos de los exportadores es equivalente a endeudarse sin generar los flujos que permitan atender esos compromisos. Limitar severamente el uso de factores propios porque se invierten en empresas privadas y cooperativas hace al país más dependiente de los recursos externos.

El pobre desempeño económico interno empuja a segmentos crecientes de su fuerza de trabajo calificada hacia actividades de dudoso impacto en el desarrollo, mientras que crean flujos de divisas en ambos sentidos al margen de la balanza de pagos, junto al desborde de la actividad informal. Todo esto adiciona complejidades a una solución aceptable.

A Cuba le urge atender seriamente su escasa competitividad externa, y debe tomar una decisión sobre cómo quiere conducir su participación en los flujos financieros internacionales. No se debería pensar que se puede desligar este asunto de las debilidades estructurales mencionadas anteriormente, o suponer que un arreglo diferente nos transportará automáticamente hacia la prosperidad. La posposición sistemática de decisiones difíciles nos ha traído hasta aquí, que no es necesariamente un lugar muy agradable.

Si nos hemos acostumbrado a este pésimo “equilibrio”, muy mal andamos; y el debate sobre desarrollo a largo plazo deja de tener mucho sentido. Se esperaría que uno de los principales beneficios de tener un gobierno fuerte, que no está atado a intereses de las élites nacionales o foráneas, sería la capacidad de tomar esas decisiones difíciles que van en el mejor interés de la nación. Esperemos.

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