LAS TUNAS. El paquete de cambios anunciado en diciembre pasado pretendió oxigenar las expectativas de transformaciones definitivas en el sistema empresarial cubano, rodeadas del temor a lo desconocido y lastradas por el entumecimiento de unas estructuras de dirección demasiado habituadas a no tomar decisiones de peso. En propiedad este es un nuevo capítulo de una saga extendida desde el inicio mismo del proceso revolucionario y con significativos cambios de estructura.

Le toca al padre la manzana en la cabeza

La aspiración de conceder libre albedrío a las empresas estuvo en el espíritu del perfeccionamiento empresarial que tomó fuerza tras la crisis económica provocada por la desaparición de la URSS.

Al evaluar los resultados de ese perfeccionamiento en 2002, el Dr. Hiram Marquetti Nodarse celebró algunos progresos en “los patrones históricos con que funcionaban las empresas cubanas e incluso que haya sido posible incrementar los niveles de competitividad por esfuerzos propios en algunos casos específicos”.

“La necesidad de responder a las exigencias del mercado condujo a la necesidad de mejorar los niveles de eficiencia para responder a este reto”, afirmó.

Sin embargo, cuando tuvo lugar el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en abril de 2011, ya estaba agotada esa dinamización de la actividad empresarial estatal doméstica, considera el Doctor en Ciencias Económicas Juan Triana Cordoví. Salvo en las empresas adscritas al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y las pertenecientes a biotecnología, estima que el resto fue sometido a diferentes reglas de juego, lo que hizo imposible obtener resultados suficientes que hablar de éxitos rotundos.

A dos años de la actualización del modelo económico cubano, Oscar Fernández Estrada sí indicaba esperanzado la ocurrencia de transformaciones inéditas en acápites hasta entonces inamovibles dentro de las estructuras empresariales, como el objeto social, categoría indicativa del propósito para el cual existe cada establecimiento estatal productivo o de servicios en Cuba.

“En lo adelante, dijo, ya no va restringir explícitamente lo que puede o no hacer cada entidad, sino que va a marcar solamente cuál es su actividad fundamental”. Con todo y eso el profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana mantenía sus reservas, pues las acciones previstas no eran vinculantes por sí mismas y el mero hecho de su existencia no garantizaba su aplicación.

El cuarteto de decretos-leyes que despidió la agenda económica nacional en el 2017 fue recibido con optimismo por algunos analistas. Uno de ellos es Pedro Monreal, cuyas opiniones habitualmente difieren de la política económica gubernamental.

“Se trata —comentó Monreal— de la primera acción normativa de envergadura que se emite en esa materia con posterioridad al anterior paquete normativo que se había adoptado en la primera mitad de 2014”. A la espera de conclusiones más amplias, sí adelantó que “los cuatro instrumentos jurídicos recientemente anunciados pudieran dinamizar la reforma de la empresa estatal y, sin dudas, eso sería positivo”.

Atenidos a los anuncios podríamos estar en el momento de las precisiones necesarias hacia la separación explícita de las funciones estatales de las empresariales, paso que teóricamente dejaría a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) en la capacidad de tomar decisiones operativas que hasta el momento debían consultar con sus respectivos ministerios. También se dio luz verde a la posibilidad de que los directores de las unidades empresariales de base (UEB), algunas de las cuales son industrias de varios cientos de trabajadores, puedan suscribir contratos con proveedores o clientes.

Se abriría así el espacio para que el “hijo” empresario tome sus propios riesgos frente a su “padre” el Estado, aun al costo de su existencia. Es comprensible que no sea sencillo para ninguna de las partes, pues si bien la urgencia de los cambios es clara, todos se preguntan qué pasará si sale mal la flecha.

Ecuación compleja

Los cambios acaecidos en los últimos seis años no han estado exentos de fallos. En la más reciente sesión del Parlamento, Marino Murillo Jorge, titular de la Comisión creada para concretar el programa de reformas aprobado en el Congreso del PCC de 2011, se refirió a este particular: “En las facultades que se le han dado al sistema empresarial —admitió— ha habido problemas también en su uso, y ha habido desviaciones, fundamentalmente a través de los sistemas de pago por rendimiento”.

“Las llamadas OSDE —precisó— existían desde antes, lo único que tenemos ahora es una OSDE que no cumple funciones estatales, solo cumple funciones empresariales, porque las funciones estatales se quedaron en los ministerios. Ahí [en los decretos de diciembre] se definen conceptos, facultades y atribuciones a cada nivel de cada una de esas estructuras”.

La presentación de las medidas, sin embargo, mantuvo varios asuntos en el apartado de los pendientes, como la limitada autonomía financiera y la rigidez en la distribución de los recursos de los engranajes empresariales del patio, sin olvidar la permanencia de la dualidad monetaria y cambiaria.

La concreción en el terreno de los cambios publicados transparentará una cuestión  de la economía política en el socialismo cuya definición está lejos todavía: los límites de competencias entre dueño (El Estado) y administrador (la empresa). Por si fuera poco, la fórmula que se aplique no debe menoscabar el desempeño eficiente de estas últimas, manteniendo el carácter social de los principales medios de producción.

A la compleja ecuación se le puede sumar otro hecho: Conceder un margen mayor de maniobra al empresariado doméstico podría anteceder a la eventual aparición de una conciencia de clase que los impulsara a querer constituirse en entidades privadas.

Este paquete de medidas está siendo interpretado de modo distinto por los diferentes actores involucrados. Desde la óptica sindical el comentarista Francisco Rodríguez Cruz localizó “múltiples menciones al papel de los trabajadores y las organizaciones sindicales en el cumplimiento de diversas funciones de las OSDE, las empresas y las unidades empresariales de base, así como de sus principales dirigentes”.

Eso lo llevó a preguntarse. “¿Qué implica, por ejemplo, que una OSDE ahora mantenga vínculos directos con todos los organismos de la Administración Central del Estado, sin tener que depender de su Ministerio de origen? ¿Cómo negociarán e incidirán los sindicatos, para ser más efectivos, a partir del ahora más claro concepto de ‘atención’ al sistema empresarial por parte de un miembro designado del Consejo de Ministros?”

En el último medio siglo, resumía en 2012 el economista Luis Marcelo Yera, tres aspectos cardinales del desempeño empresarial cubano “han mantenido en la práctica siempre una fuerte centralización”: la remuneración, la designación del director y las inversiones. Las transformaciones que entrarán en vigor podrían alterar de un modo nunca visto ese estado de cosas. Sin dejar de tener en cuenta que los cambios, por fuerza de las circunstancias, estarían siendo asumidos por las mismas personas de etapas anteriores, lo cual presagia actitudes dispares que traerán resultados no siempre agradables.

Nada de lo expuesto significa que la relación entre las empresas cubanas y el Estado que las dirige deje de parecerse a la compleja interacción hijo-padre. Seguramente serán necesarios también otros pasos que ajusten el proceso a medida que se implemente.

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One Response to La hora de los “hijos”

  1. Saludos, como será los destinos de las ventas, biocubafarma reconocio q la falta de medicamentos es debido a la ausencia de financiamiento?meste grupo empresarial tiene utilidades., por qué no las utiliza en su gestión?

¿Cuales piensa usted son las probabilidades que a Trump lo acusen (impeach) en 2018?

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