MIAMI. Un titular reciente en el Miami Herald decía: “El Estado Deja que la Hepatitis C No se Trate en las Cárceles, y Puede Costarle a los Contribuyentes”. Mientras leía la noticia, la conmoción se convirtió en indignación y luego en tristeza. Durante años, el estado de la Florida ha estado llevando a cabo silenciosamente una política de deliberado abandono médico hacia la población penal infectada con hepatitis C. Esa política, en su inhumanidad y falta de ética profesional, compite con el notorio experimento de Tuskegee.

El estudio Tuskegee, de hace muchas décadas, involucró a médicos que suspendieron el tratamiento a hombres negros diagnosticados con sífilis para estudiar la progresión natural de la enfermedad. Durante décadas, la sífilis causa estragos en el cuerpo, incluido el cerebro, infligiendo lesiones físicas y mentales irreversibles que terminan por destruir la personalidad y a la persona.

La inhumanidad del estudio de Tuskegee, agravada por el racismo inherente en la selección de la población de estudio, bajo la racionalización de ser un esfuerzo para desarrollar conocimiento médico que ayudaría a la humanidad, es excedida en su horror solo por la investigación médica nazi. El caso Tuskegee provocó la creación de reglas estrictas para la protección de sujetos humanos en las investigaciones.

Al optar por suspender el tratamiento médico de los reclusos que sufren de hepatitis C, la Florida ni siquiera puede reclamar la lamentable razón científica utilizada por los  investigadores de Tuskegee. La única razón por la que durante años la legislatura estatal republicana no brindó un tratamiento crucial es que no está dispuesta a gastar dinero para preservar la calidad y la duración de vida de una población que muchos consideran la escoria de la sociedad. ¿Por qué gastar dinero en personas prescindibles, que no lo merecen, indignas y en su mayoría negras cuando se pueden gastar en desgravaciones fiscales para corporaciones con buenos grupos de presión, además de otras ventajas para los ricos y famosos, como la eliminación del impuesto estatal sobre el ingreso, ningún impuesto sobre la propiedad “intangible” y dudosos proyectos lucrativos para negocios favorecidos?

Aunque no soy un experto en derecho internacional, considero que el caso de negación de atención contra la hepatitis C es un crimen de lesa humanidad. La hepatitis C es una horrible enfermedad que produce dolor, sufrimiento y muerte. El Herald la describe con precisión como causante de infección hepática, cicatrices en el hígado, hinchazón, hemorragia, cáncer de hígado y una muerte dolorosa.

Este caso reúne muchos de los elementos de la sociedad de pesadilla que los republicanos están en vías de crear en la Florida y en la nación: una práctica cruel y mezquina de no gastar dinero para proteger a los más vulnerables; una abdicación de las responsabilidades del estado hacia su gente por medio de la contratación externa que produce ricas ganancias para las empresas y una negación creíble para el estado; una total indiferencia por el bienestar de la gran mayoría; y una actitud de “lo que el mercado pueda soportar” que permite a las compañías farmacéuticas cobrar precios altísimos por medicamentos que salvan vidas.

Únase a todo esto una falta de transparencia evidente en tantas acciones del estado, incluida la eliminación más reciente de un sitio web del estado para la información acerca de las inspecciones de hogares de ancianos. ¿Quién sabía que este ultraje de la hepatitis C estaba teniendo lugar bajo nuestras narices y en nuestro nombre? Me mantengo más actualizado de las noticias que la mayoría de la gente y no lo supe. Me enteré solo después de que el Miami Herald informara acerca de una cáustica opinión contra el estado por parte del juez Mark Walker, quien escribió: “El FDC [Departamento de Correccionales de la Florida] tiene una larga y sórdida historia de no tratar a los reclusos infectados con el VHC”.

El juez citó evidencia indiscutible cuando escribió que el estado actuó con “deliberada indiferencia” al no proporcionar fondos para el tratamiento. De hecho, de 8 000 presos elegibles para recibir tratamiento, solo 13 lo habían recibido alguna vez incluyendo, no por casualidad, a los tres que habían presentado la demanda colectiva contra el estado.

La negligencia médica del estado no es solo inconsciente desde el punto de vista de las consecuencias para los reclusos infectados, sino que representa una amenaza a la salud pública. La hepatitis C es contagiosa. La tasa de infección por hepatitis C es varias veces mayor entre los internos que en la población general. Alrededor de un tercio de la población penal del estado sale en libertad cada año. No hay necesidad de explicar lo que sucede después de eso.

La Florida, junto con Texas y algunos otros estados, lidera la nación cuando se trata de políticas sociales despreciables. La legislatura de la Florida debatió si debía exigir a los hogares de ancianos que tengan energía eléctrica de respaldo con generadores. Decidió que no. Después de Irma, gente en el sur de la Florida murió a causa de esa decisión favorable a la industria. El titular principal del Miami Herald del domingo ofrece otro ejemplo sórdido: “Inmundicia, Aguas Negras y Piojos Encontrados en Calabozos Juveniles”. ¿Piojos? Qué bien.

Todo esto está perfectamente en línea con la política republicana actual en otros estados y a  nivel federal. The New York Times informa que, después de aprobar sus recortes impositivos [al revés, agrego yo], los republicanos pretenden cortar la red de seguridad.

¿Qué red de seguridad?

Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal.

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