Lo que realmente impulsa la epidemia de los opioides

La epidemia de opioides es una crisis real, no un producto de la histeria pública o la exageración mediática.

Los hechos lo demuestran: el número de estadounidenses que mueren por sobredosis de opioides ha aumentado más del triple desde 2002. En la actualidad, unos 50 000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis, y hay dos millones de estadounidenses adictos a los opioides. Secciones enteras del país, en especial las áreas rurales del sur, la región de los Apalaches, el medio oeste e incluso partes de Nueva Inglaterra han sido devastadas por los opioides.

Estos son hechos, no noticias falsas. Lo que es falso es el alto nivel de alarma que expresa la administración Trump, que se contradice a sí misma por la lenta y patética naturaleza de sus acciones o, más exactamente, por la falta de acciones efectivas. Lo que también es falso son las protestas de inocencia por parte de algunos en la industria farmacéutica (Farma), una industria que ha desempeñado el papel de narcotraficante en este drama. Lo que es falso es la repentina preocupación de los miembros del Congreso, principalmente los republicanos, que durante años han estado recibiendo millones en contribuciones de campaña de manos de Farma, incluidas de las compañías más cómplices en el aumento de opioides. Lo que es falso, finalmente, es la narrativa dominante que culpa del 100 por ciento del problema de los opioides a la angustia económica y a la desesperación psicológica de la antigua clase media blanca. La devastación de la clase media seguramente es un factor a considerar, pero difícilmente sea el único.

Comencemos con la administración. ¿Qué ha dicho y hecho Trump hasta ahora? A principios de este año reconoció la gravedad del problema. Luego, este crítico feroz de Washington nombró una comisión para recomendar soluciones: el arquetipo de un enfoque de Washington, arquetipo que rara vez ha funcionado. Piensen en la creación de la Comisión Kerner a raíz de los disturbios raciales de los años sesenta. Pronosticó que, a menos que se tomaran medidas drásticas, Estados Unidos estaría dividido profundamente por la raza. No fue así, y ahora aquí estamos.

La administración Trump, preocupada por un enmarañado lío de su propia creación, tardó  demasiado, dada la urgencia, antes de volver a centrarse en el problema de los opioides. Cuando finalmente lo hizo, su enfoque fue la característica ilusión de humo y espejos que esta administración ha utilizado para todo lo que no implique impulsar negocios o construir bombas.

Específicamente, al declarar una emergencia nacional de salud pública, Trump intentó dar la impresión de que estaba tomando en serio las recomendaciones de su comisión de opioides y actuando enérgicamente.

La comisión había recomendado al gobierno que declarara una emergencia nacional, punto final, sin adjetivos. La diferencia es que la declaración de una emergencia nacional implica el uso de una considerable cantidad de dinero gubernamental para enfrentar el problema, mientras que una emergencia de salud pública es solo una declaración. Es la diferencia entre una alarma de incendio que puede o no ser escuchada o ignorada, y una respuesta completa del departamento de bomberos a un incendio de cuatro alarmas.

El título del editorial principal del New York Times del 27 de octubre capta con precisión la respuesta de Trump: “Palabras, pero Poca Acción en el Asunto de los Opioides”.

La culpabilidad corporativa, segunda pieza del rompecabezas de los opioides y un tema que Trump y el Congreso republicano probablemente nunca mencionarán, es descrita y diseccionada por Patrick Radden Keefe con un brillante ejemplo de periodismo en la edición del 30 de octubre de 2017 de The New Yorker. (“Imperio del Dolor: La Despiadada Promoción de los Opioides por la Familia Sackler Generó Miles de Millones de Dólares y Millones de Adictos”).”

Purdue Pharma es la entidad corporativa que administraba el negocio farmacéutico de la familia Sackler. A partir de la década de 1990, logró un tour de force: una exitosa campaña multifacética para transformar las suposiciones básicas de los prescriptores médicos y así crear un papel mucho más grande para los opioides en el mercado farmacéutico. Podría servir como base para una serie de televisión: “Cómo Salirse con la Suya al Estilo Corporativo”.

Antes de la campaña de Purdue, los médicos limitaron el uso de opiáceos a pacientes con cáncer terminal y algunos otros tipos de pacientes que sufrían un dolor insoportable. Después de la campaña de Purdue, que implicó “educar” a los prescriptores y proporcionar beneficios extras a miles de médicos, estos comenzaron a recetar opioides, porque se les aseguró que eran seguros, para muchas otras dolencias. La adicción masiva fue el resultado predecible, a lo que siguió lógicamente un aumento en el número de muertes por sobredosis.

Andrew Kolodny, codirector de Opioid Policy Research Collaboration (Colaboración en Investigaciones en Política de Opioides) de la Universidad Brandeis, dijo al New Yorker que “… la crisis se precipitó inicialmente por un cambio en la cultura de la prescripción, un cambio cuidadosamente diseñado por Purdue”. Además, Kolodny dijo:

“Si nos fijamos en las tendencias en las recetas para todos los opioides diferentes, es en 1996 que la prescripción realmente despega… No es una coincidencia. Ese fue el año en que Purdue lanzó una campaña multifacética que desinformó a la comunidad médica acerca de los riesgos”.

Además de la patética respuesta de política pública por parte de la administración Trump y la culpabilidad corporativa, la tercera parte del enigma de los opioides es la cultura de colusión contra el interés público que existe entre Farma y los republicanos en el Congreso.

Ninguna historia reúne las piezas de este trágico enigma como una investigación conjunta reciente de The Washington Post y el programa noticioso “60 Minutes”, de CBS. Esta reveló que el representante republicano de Pensilvania Tom Marino, el hombre nominado por el presidente Trump para ser el “zar de las drogas” de la nación, recibió $100 000 en fondos de campaña de manos de compañías farmacéuticas mientras promovía en el Congreso una ley que “debilitaba el poder de la DEA para impedir que los opioides de receta” se enviaran a médicos y farmacias deshonestos, sospechosos de distribuirlos de manera corrupta” (The New York Times, 20 de octubre de 2017). Además, la investigación de los medios detalló “cómo la industria farmacéutica había trabajado tras bambalinas con el señor Marino en relación con la ley, ayudando a redactar el texto, contratando a antiguos abogados de la DEA como consultores y colmando al Congreso con $1,5 millones en donaciones” (The New York Times, 20 de octubre de 2017).

La crisis de los opioides es una emergencia nacional y una tragedia humana, a pesar del rechazo de Trump a llamarla así o a enfrentarla de manera efectiva, a los esfuerzos corporativos para aprovechar la mina de oro sin importar el costo en vidas, y a la tendencia de los republicanos en el Congreso de besar la mano corporativa que los alimenta generosamente.

Traducción de Germán Piniella para Progreso Semanal-

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