CAMAGÜEY. Aunque las predicciones meteorológicas indicaban que el ciclón solo afectaría de forma directa la costa norte, en Playa Florida, pequeño poblado del suroccidente de la provincia de Camagüey horas antes se había decretado la evacuación.

Al terminar la tarde casi todos sus habitantes, más de medio millar, habían sido trasladados hacia un instituto politécnico en la cabecera del municipio. Muy pocos se marcharon cargando más que algunas ropas y medicamentos. “Aquí todo el mundo se relajó cuando vio que la trayectoria de Irma sería por el norte”, aclara Yosbel Maura Gregori, uno de los pescadores residentes en el lugar.

La historia comenzó a cambiar poco después de la medianoche, cuando los vientos que llegaban desde el mar dieron paso a una inundación que rápidamente se adueñó de la primera calle de la comunidad. Fue el punto de quiebre.

Asentado sobre una franja de costa que en su punto más alto no supera los dos metros sobre el nivel medio del mar, Playa Florida demoró menos de una hora en quedar sumergida. Al amanecer, incluso quienes habían permanecido allí intentando preservar los bienes que quedaban atrás, debieron ser evacuados en lanchas por un comando de bomberos. Tierra adentro el mar llegaría a avanzar alrededor de cinco kilómetros.

Ceder frente a la naturaleza

Playa Florida se incluye con todas sus letras en la categoría de “comunidades vulnerables” definida en la Tarea Vida, la política de estado que este año promulgó Cuba para enfrentar las consecuencias del cambio climático. Como parte de ese fenómeno se prevé la agudización de dos problemáticas que en el futuro cercano pueden tener graves consecuencias: la elevación del nivel medio del mar y el aumento en número e intensidad de los desastres naturales, muy en particular de los huracanes.

Se trata de una realidad que demanda respuestas. Entre ellas, se contempla el reasentamiento de miles de personas.

No es un proceso nuevo para Camagüey. En noviembre de 1932 un ras de mar devastó el floreciente puerto de Santa Cruz del Sur, ahogando a la inmensa mayoría de sus tres mil habitantes. La respuesta fue que el nuevo pueblo debería construirse a partir del punto extremo al que había llegado la inundación, a unos dos kilómetros de la costa.

Pero con el tiempo se fueron relajando los controles y “la gente empezó a regresar a La Playa”, explica “Pachi”, un pescador de esa barriada establecida a los pies del monumento que recuerda la altura alcanzada por el mar en aquella ocasión. Como casi todos los vecinos del lugar, tiene un apartamento en el reparto de edificios que en 2009 se construyó a la entrada del pueblo para los damnificados del huracán Paloma. Nueve años más tarde La Playa está tan poblada como antes de Paloma.

“Sí, al principio nos fuimos para los edificios; lo que pasa es que casi todo el mundo conservó sus casas de aquí y luego fue regresando poco a poco. Al final, la mayoría somos pescadores o trabajamos en el Combinado, ¿qué vamos a hacer lejos de la costa?”, comenta “Pachi”.

“El reasentamiento como práctica preventiva y de preparación (…) puede contribuir a disminuir las pérdidas asociadas con el impacto sobre las vidas humanas (… y) evitar los costos monetarios indirectos, como albergues para población afectada, así como los no monetarios, por ejemplo, interrupciones en servicios de salud, educación, actividades industriales y comerciales”, resalta la arquitecta Geidy del Toro Medina, en su trabajo de grado por la Universidad Central de Las Villas.

El estudio se centra en el caso del poblado de Carahatas, en el litoral noroccidental de Villa Clara, y maneja datos concluyentes: si se conjugan todas las proyecciones del clima para lo que queda de siglo, será inevitable la desaparición de 279 asentamientos costeros y el abandono parcial de otros 298, con la pérdida de 305 146 viviendas (10.2% del registro actual).

Al interior de la Isla, la edificación en zonas bajas o vulnerables a la crecida de los ríos resulta también una tendencia tan peligrosa como difícil de revertir. Solo en la ciudad de Camagüey más de 30 mil personas (casi una décima parte de la población total) residen en urbanizaciones con esa condición. No hace falta un huracán para que —literalmente— se vean con el “agua al cuello”. De acuerdo con investigaciones del Instituto de Meteorología y la propia experiencia de los lugareños, basta con que en pocas horas caigan más de cien milímetros de lluvia sobre la norteña Sabana de Lesca, la cuenca donde nacen las principales corrientes fluviales del territorio.

Al igual que el resto de las casas de la zona, la de Magalys, una pobladora del barrio de Saratoga, carga con el peso del río que corre al fondo de su patio, que la desvaloriza ante posibles compradores o interesados en una permuta. Sin embargo, muchos se empeñan en seguir construyendo allí. El “por qué” resulta obvio para ella: “¿Dónde se puede conseguir un solar? Los que venden están tan casi caros como las casas, y el Estado da muy pocos, casi ninguno”.

Sin techo seguro

Al paso de Irma ha ganado actualidad el tema de cómo se debieran edificar las viviendas que necesita el país. Más que cualquier análisis al respecto, se debe tener en cuenta que en Cuba, sencillamente, faltan casas. Hace unos meses ese déficit rondaba las 880 mil; cuando concluyan las evaluaciones “post huracán” puede que supere cómodamente las 900 mil.

A las viejas y nuevas necesidades se contraponen los también adversos dígitos en cuanto a materiales de construcción y mano de obra para emplearlos.

Lo confirman los anuarios de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información: entre 2011 y 2016 cuatro de los nueve productos básicos para la actividad se mantuvieron virtualmente “estancados”. Tal es el caso del cemento gris, del cual en 2011 se destinaron para el consumo nacional un millón 580 mil toneladas, casi cien mil más que un lustro después (en 2016, un millón 493 mil). Similar tendencia siguieron las barras de acero corrugadas (cabillas), que pasaron de 102 mil toneladas a 75 mil, en tanto la piedra triturada y la arena mostraban ligeras fluctuaciones, por lo regular orientadas hacia el decrecimiento.

Lo más preocupante es que los indicadores “de partida” ya eran discretos. Si bien en 2011 la producción de cemento asignada al mercado cubano era mayor que la de ahora, la Federación Interamericana del ramo ubicaba a nuestro país como el de menor consumo per cápita en América Latina y el Caribe (unos 115 kilogramos por habitante, menos de tres bolsas al año). La evolución en los años siguientes no permitido alcanzar siquiera la mitad del promedio regional.

Vale acotar que sin cemento y acero resulta imposible producir hormigón armado, y sin este último no pasa de una quimera el objetivo de edificar cubiertas rígidas, las únicas seguras ante los vientos de un ciclón.

En cuanto a las carencias de mano de obra, las expectativas son aún más discretas. Aunque por años los máximos directivos del Ministerio de la Construcción han reconocido el problema y se han ensayado diversos mecanismos de incentivo, ni siquiera sectores priorizados —como el Turismo— han podido librarse del problema.

En medio de ese panorama toca reconstruir lo que Irma dejó por tierra, y prepararse para lo que vendrá. Cuesta imaginar un reto mayor… o más urgente.

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