México: La política del temblor o el temblor de los políticos

Ante la emergencia provocada por el sismo y la prioridad de rescatar cuerpos con vida o sin ella, hablar y hacer política resulta chocante. ¿Quién podría pensar en política mientras los minutos cuentan en las labores de rescate? Aún más, ¿alguien se atrevería a lucrar políticamente con la tragedia? Sin embargo, antes, durante y después del sismo la política ha estado presente. No hay duda de que el sismo representa una coyuntura —como también sucedió en 1985— y diversos actores políticos han actuado en ella para obtener una posición favorable a sus pretensiones y proyectos. Veamos.

Como no es de extrañar, AMLO ha marcado la agenda política durante estos días de sismo y labores de rescate. Fue él quien decidió tomar la iniciativa y jugar una carta política que lo posicione mejor durante el tiempo que resta para llegar a la jornada electoral de 2018. Fue una jugada arriesgada pues hacer política electoral durante la emergencia podría ser rechazado por la población.

Cuando sucedió el temblor del 7 de septiembre, con fuertes afectaciones a Chiapas y Oaxaca, AMLO se encontraba fuera del país, estaba en una gira por Estados Unidos y países europeos. Andrés Manuel informó que la gira había sido un éxito y que lo único que lo entristecía era “llevar a cuestas el sufrimiento de la gente a causa del terremoto”, y dijo que Morena haría lo que estuviera a su alcance para ayudar a los damnificados. El 15 de septiembre AMLO dio a conocer que Morena asumía una demanda planteada en las redes sociales y, por lo tanto, destinaría a los damnificados el 20 por ciento del financiamiento público para gastos de campaña de 2018. Para entender esta propuesta es necesario saber que los partidos políticos reciben financiamiento público por tres conceptos: 1) Actividades Ordinarias; 2) Gastos de Campaña, y 3) Actividades Específicas. Además, reciben otras cantidades menores por concepto de franquicias postales y telegráficas, esto sin considerar el dinero que los partidos obtienen como financiamiento público a nivel local. Así que “gastos de campaña” sólo es uno de los tres rubros de financiamiento público que tienen los partidos.

Actualmente la Iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 está en la Cámara de Diputados, y debe ser dictaminada y aprobada a más tardar el 15 de noviembre del año en curso. De acuerdo con la Iniciativa, Morena recibiría las siguientes cantidades como financiamiento público para 2018:

Actividades ordinarias: 414, 914, 437 pesos.

Gastos de campaña: 207, 257, 219 pesos.

Actividades específicas: 12, 447, 433 pesos.

Franquicia postal: 14, 321, 110 pesos

Franquicia telegráfica: 77, 055 pesos.

Así, el total que Morena recibiría durante 2018 equivale a 649, 217, 254 pesos.

Cabe mencionar que la propuesta inicial de AMLO se refería sólo al 20 por ciento de uno de los tres rubros, el de gasto de campaña, es decir, el 20 por ciento de 207, 257, 219 pesos, o sea 41, 451, 443.8 pesos. En números redondos el 20 por ciento del gasto de campaña de Morena es 42 millones de pesos. Esta sería la cantidad a “donar” por Morena. Si al total de financiamiento público que recibiría Morena le restamos el 20 por ciento del gasto de campaña, resulta 607,765,810.2. En números redondos,

Morena “donaría” 42 millones de pesos para los damnificados y se quedaría con 608 millones de pesos para ejercerlos durante 2018. Esta es la propuesta inicial de AMLO, aunque Andrés Manuel habló de aportar entre 60 y 80 millones a los damnificados, lo que no corresponde con los montos de financiamiento a Morena establecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esta propuesta le significó a AMLO epítetos de oportunista, demagogo y populista. Además, los Consejeros Electorales del INE aclararon que no era posible “donar” parte del financiamiento público que se entrega a los partidos porque dichos montos están etiquetados y sólo se pueden gastar en los conceptos establecidos y no en donaciones. Los partidos tienen que comprobar ante el INE cada peso gastado, para fines de fiscalización.

Ante ello, AMLO habló de que había vías para aportar dinero de Morena a los damnificados sin violar la ley y se refirió a cuotas y aportaciones que entregarían los militantes de Morena y sus legisladores federales y locales, así como gobernantes municipales y delegacionales. No obstante, aunque AMLO no hizo alusión a ello, el dinero obtenido por esta vía no sería proveniente del monto de gastos de campaña ni del financiamiento público a Morena sino de otras fuentes: aportaciones de militantes y simpatizantes.

Asimismo, una vez que ocurrió el sismo del 19 de septiembre con graves afectaciones en la Ciudad de México, Morelos y Puebla, Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, anunció que su partido “renunciaba” al 25 por ciento de todo su financiamiento público (no sólo de los gastos de campaña), para entregarlos a la Tesorería de la Federación y que la Secretaría de Hacienda los canalizara como apoyo a los damnificados. En total, la cifra que el PRI aportará es 258 millones de pesos, mismos que estarían en disposición de manera inmediata pues esta cantidad corresponde a lo que el INE entregaría al PRI en lo que resto del año en curso y por lo tanto no habría que esperar a 2018.

Coincidentemente, algunos consejeros electorales del INE ahora vieron lo que antes no vieron, es decir, que sí existe la posibilidad de que parte del dinero que el INE entrega como financiamiento público a los partidos políticos sea destinado a los damnificados.

Lorenzo Córdova dijo que habían encontrado una posibilidad legal para ello y que se las estaban planteando a los partidos para saber si habría acuerdo entre ellos. Sin embargo, Córdova no reveló en qué consiste dicha posibilidad. No obstante, todo indica que se trata de la “vía PRI”, es decir, que los partidos renuncien a un porcentaje de su financiamiento público a los gastos de campaña; que este dinero sea reintegrado a la Tesorería, y que la Secretaría de Hacienda lo destine al programa de apoyo a damnificados.

Sobre esa posibilidad, AMLO ha dicho que no está de acuerdo porque no confía en el gobierno corrupto, por lo que Morena formará un fideicomiso y mencionó los nombres de quienes integrarán el Comité de Administración del mismo. Además, anunció que Morena abrirá una cuenta para que cualquier persona pueda depositar su donación para fortalecer el presupuesto del fideicomiso. Así, si el gobierno abre una cuenta semejante, tendrá que competir con la cuenta de Morena.

Fue entonces que mientras los brigadistas continuaban haciendo esfuerzos desesperados para rescatar sobrevivientes de entre los escombros, se inició entre los partidos políticos una especie de subasta: ¿quién da más para obtener el amor de los electores? AMLO reaccionó “subiendo” la apuesta, pues dijo que el anterior 20 por ciento de los gastos de campaña era antes del sismo del 19 de septiembre, pero que una vez que éste ocurrió y provocó nuevos daños ahora propondría al Consejo Nacional de su partido que no sea el 20 ni el 25 sino el 50 por ciento  del gasto de campaña, lo que, según AMLO, equivaldría aproximadamente a 103 millones de pesos, cálculo que esta vez sí corresponde a los montos especificados en la Iniciativa de presupuesto de egresos de la Federación. Cabe aclarar que AMLO fue explícito en señalar que ya no sería dinero proveniente del financiamiento del gasto de campaña sino de aportaciones de militantes y simpatizantes de Morena, así como de ciudadanos en general, dijo que ello sería así “para no violar la ley”, con lo que el dinero que

Morena recibirá por concepto de gasto de campaña quedará intacto y ya no sería destinado a los damnificados.

Por su parte, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, agrupados en el Frente Ciudadano por México, participaron en la puja y se pronunciaron por que sea eliminado el financiamiento público a los partidos políticos y que estos financien sus actividades con las aportaciones de sus militantes. Para ello, dijeron, presentarán una iniciativa de ley y, asimismo, demandaron una reorientación del presupuesto y un plan de austeridad que, entre otros aspectos considere, además de eliminar el 100 por ciento del financiamiento a los partidos, reducir los topes de gastos de campaña, eliminar seguros de gastos médicos mayores, vales de gasolina, viáticos, celulares a altos funcionarios y también eliminar los gastos de publicidad gubernamental. Es imposible que estos partidos ignoren que la Constitución impide que se reformen leyes electorales ante la inminencia del proceso electoral. Para lograrlo se requeriría reformar primero la Constitución y después las leyes electorales, pero, en principio, eso no tendría efectos para 2018. Así, la propuesta del Frente no sería aplicable al proceso electoral federal de 2018. Además de su grandilocuente oferta, es de notar que los tres partidos que lo integran no dijeron que aportarían alguna cantidad de dinero para los damnificados, al menos en lo que se resuelve la incierta reforma electoral que proponen.

AMLO reaccionó diciendo que aceptaba la propuesta del Frente en el sentido de que los partidos políticos dejen de recibir financiamiento público, pero además continuó subiendo la apuesta; ahora demanda que al plan de austeridad se añada la venta del avión presidencial, reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios, terminar con la caja de ahorro, detener la construcción del nuevo aeropuerto y construir dos pistas en Santa Lucía, etc. Asimismo, Morena también presentará ante la Cámara de Diputados una iniciativa relativa a la ayuda a los damnificados.

El PRI ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos y, además, eliminar a los legisladores federales de representación proporcional pues, dice, esto representaría otro importante ahorro. Con ello, hemos llegado a la absurda situación de que los tres bloques partidistas (Morena, PRI y Frente) están de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos. Ha sido una puja entre cangrejos, en la que por tratar de ganar fácilmente la simpatía de los electores los partidos han dado pasos hacia atrás y han terminado por hacerse el harakiri, al menos discursivamente…

Y en esas andamos hasta hoy. En tanto, los brigadistas y los grupos especializados continúan sus esfuerzos por rescatar a las últimas personas atrapadas en los escombros de los edificios caídos; miles de personas enfrentan la realidad de no tener dónde vivir y saber perdido su patrimonio, y muchas familias guardan luto y lloran a sus muertos.

Finalmente, sobre lo expresado se pueden hacer diversas narrativas, algunas de ellas de carácter panegírico. La mía es pesimista. Me hubiera gustado que mientras durara la emergencia los partidos y los políticos, todos, hubieran hecho una tregua tácita en sus disputas electorales y, sobre todo, me hubiera gustado que, al menos mientras los rescatistas estaban entre escombros, los políticos no tomaran el tema del sismo y los damnificados para posicionarse electoralmente.

Pero no, prevaleció la ambición, la incontinencia protagónica, la urgencia oportunista y la falta de sensibilidad. Además, en la discusión sobre las aportaciones de los partidos para apoyar a los damnificados varios actores exhibieron equívocos legales; ha sido un debate apresurado, errático e irresponsable, con conceptos vagos y cuentas alegres. Más parece un juego de simulaciones, de espejos, para engañar a la concurrencia distraída y participar en una subasta en pos de la simpatía de los electores, con visos de vulgaridad frente a la tragedia. Pero mientras los políticos y sus partidos se ocupaban de la subasta, los electores tenían otras preocupaciones: estaban salvando vidas, rescatando cadáveres, donando agua y comida, organizando centros de acopio, resolviendo operaciones logísticas para hacer llegar la ayuda a los damnificados.

Al menos ya lo sabemos, así son nuestros políticos y nuestros partidos.

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