LA HABANA. Desde la entrada en vigor el pasado 5 de agosto de las nuevas restricciones al cuentapropismo, una palabra que se ha puesto de moda entre quienes tienen o pretendían tener un negocio privado: incertidumbre.

Teniendo solo como antesala el discurso del Presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Raúl Castro Ruz, durante la reciente sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de julio se hizo pública la decisión de no otorgar nuevas licencias para el ejercicio de más de 30 actividades por cuenta propia.

La resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) deja claro que esta medida se mantendrá vigente, hasta tanto no concluya el perfeccionamiento en dicho sector económico. Al mismo tiempo, la propia disposición normativa establece que sobre esas actividades se requiere un mejor ordenamiento y control. Por tanto, es evidente que hay aspectos en revisión.

Este panorama genera una serie de interrogantes evidentes que en los afectados pueden traer muchas dudas sobre el futuro ¿Qué tiempo durará esta situación? ¿Cuál es su contenido y alcance? ¿Cuáles serán sus implicaciones? ¿En un futuro próximo se prohibirá el otorgamiento de autorizaciones en otras modalidades de cuentapropismo? ¿Se eliminarán algunas de estas? ¿Daremos un paso adelante reconociendo nuestras micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)?

Si tomamos en consideración estas preguntas y otras que pudieran surgir queda claro que hay inseguridad. He oído a los economistas decir que la incertidumbre es mala para los negocios. Pues me permitiré parafrasearlos diciendo que la inseguridad jurídica también lo es. Una lectura desde la óptica del derecho arroja que la decisión que venimos comentando atenta contra el necesario resguardo legal que requiere cualquier sector de la economía.

Hace tiempo se ha estado planteando la necesidad de que el cuentapropismo disponga, entre otros beneficios, de una adecuada regulación. La gran cantidad de disposiciones normativas que sobre el mismo inciden, de diversa jerarquía y emitidas por varios órganos estatales, supone dispersión.

De igual forma, se trata de una ordenación desajustada con la realidad y eso es algo reconocido desde el discurso político. Recordemos que el propio Raúl Castro fue claro en su informe al último congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre el hecho de que el incremento del trabajo por cuenta propia y la autorización de la contratación de fuerza de trabajo ha conllevado en la práctica a la existencia de PYMES.

Estas hoy funcionan sin la debida personalidad jurídica y se rigen ante la ley por legislación diseñada para las personas naturales dedicadas a pequeñas actividades comerciales que se realizan por el trabajador y su familia. Ahora debemos añadir a todo eso, que el organismo rector de la actividad, es decir el MTSS implementa una decisión que limita, por tiempo indefinido, el crecimiento cuantitativo de la esfera económica privada.

Preciso que cuando digo indefinido me refiero a que la resolución ministerial no establece cuánto durará el perfeccionamiento, y aunque las autoridades se esfuercen por decir que será lo más breve posible, eso no basta. En Derecho los plazos de tiempo no se definen como breves o prolongados, sino que es necesario, en virtud de la seguridad jurídica, fijarles límites específicos. Máxime cuando ha sido la propia administración pública la que pautó las reglas que hoy se intentan “perfeccionar”.

Es comprensible que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ante la corrupción. Sin embargo, la respuesta a esta problemática no debió ser frenar la entrega de autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

Si se está tan preocupado por contrarrestar fenómenos como la subdeclaración fiscal, pues también cabe la duda sobre cuánto ha dejado de recibir la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) por el pago de un tributo que no se corresponde con la operatividad de algunos negocios. Mientras en su desarrollo cotidiano muchos de nuestros cuentapropistas operan como verdaderas PYMES, se les cobra el impuesto sobre ingresos personales, cuando en realidad deberían estar pagando en base a sus utilidades.

Un tratamiento jurídico ajustado a lo que verdaderamente son esos negocios resultará beneficioso para todos. Por una parte, le permite al Estado recaudar más en concepto de tributos, mientras viabiliza la correcta inserción de los particulares en el sistema económico, con una definición clara de sus derechos y obligaciones. Considerando que, de acuerdo con la postura oficial, en el proyecto socialista cubano la propiedad privada debe cumplir una función social, así como se tiene que limitar al máximo posible la concentración de la riqueza, reconocer a las PYMES es un factor clave. De esta forma y si esa fuera la voluntad gubernamental, las mismas pudieran contribuir mediante proyectos de patrocinio a la sostenibilidad de sectores estratégicos en Cuba ¿Por qué una pequeña empresa no podría contribuir al mantenimiento de un hospital o una escuela ubicado allí donde realiza su actividad?

Claro está: una vez sean reconocidos como PYMES hay que permitirles hacer todo lo que una empresa hace en Cuba hoy. Como tal podrían importar sus insumos, algo que les ayudaría a sostenerse ante el escaso desarrollo del mercado mayorista nacional, o acceder a créditos en el exterior. Asimismo, ante hechos delictivos solo responderían los implicados y no la persona jurídica, asegurándose la permanencia de esta y la exigencia de responsabilidad penal a aquellos.

Tiene que imponerse una visión que no identifique más a lo privado como un mal necesario; el espacio que debe absorber fuerza de trabajo excedente de la empresa estatal; y donde pulula la corrupción. Hay que asumirlo como lo que debe ser: un espacio fundamental para la construcción de ese socialismo próspero y sostenible que se desea.

Por último, decisiones como la recién adoptada tienen un coste político. La ampliación y crecimiento de la iniciativa comercial individual ha estado acompañada de la reiteración constante de que no habrá marcha atrás.

No se puede reconocer que en la práctica hay negocios que operan como PYMES y que no tienen un marco regulatorio adecuado, para luego desarrollar acciones de perfeccionamiento que no conlleven la adecuación de la normativa con la realidad. En ese sentido, hay credibilidad política apostada, algo que no debería debilitarse a ninguna costa o todo lo demás estará perdido.

[Foto: Dorado. Tomada de 5 de Septiembre.]

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