LA HABANA. Cuando para nadie es un secreto que el matrimonio es una institución en crisis y para algunos es hasta retrógrado y burgués, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ) en Cuba perfila sus debates y demandas hacia la necesidad de establecer la igualdad de derechos que devienen de él porque es la única manera de obtenerlos.

El desamparo ante la ilegalidad de la pareja como ente instituido no se soluciona con la aceptación de que existan. Todavía no alcanza para que dos personas que han constituido un hogar tengan los mismos derechos sobre los bienes patrimoniales, o sobre la custodia de los hijos, y no existe la posibilidad de la adopción o la reproducción asistida a madres lesbianas porque el matrimonio es “la unión entre un hombre y una mujer”.

Ya desde 1975 Vilma Espín, en su momento presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y madre de Mariela Castro Espín (actual directora del CENESEX), abogaba por que el concepto de matrimonio representara la “unión entre personas”. Mucho ha llovido desde la fecha y las parejas no heteronormativas siguen sin tener el derecho y por lo tanto los beneficios que de él se derivan.

Para otras parejas el matrimonio entre personas del mismo sexo es una manera de eliminar los estigmas relacionados con la promiscuidad que se les ha achacado, legitimar el amor, el concepto de familia; es un derecho que se escoge o no ejercer, pero que empodera y por lo tanto dota de respeto a aquellos que han sido discriminados.

Para Lidia Romero, activista por los derechos sobre orientación sexual e identidad de género (SOGI, por sus siglas en inglés), es también una cuestión política. El propio hecho de que quien dirige la única institución rectora de estos temas esté tan cercana al poder hubiera podido acelerar la implementación de leyes antidiscriminatorias, como la del Código de Trabajo, pero a la vez, por la gran verticalidad que suponen las tomas de decisiones en este país, y los “bandazos” que pueden percibirse —primero se aboga por el matrimonio igualitario y ahora se habla de unión legal con fines patrimoniales— la estrategia del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX), pierde credibilidad y fuerza ante las personas LGTBIQ cubanas y sus activistas.

Por eso Lidia, otros activistas y amigos deciden convocar a la participación ciudadana, a través del proyecto Acepto, a todo aquel que padece sus mismas inquietudes o tiene sensibilidad al respecto. “Sabemos la fuerza que tienen las redes sociales”, me dice, “y allí queremos lanzarnos”.

El proyecto consta de tres etapas fundamentales: la socialización de una carta en la que expone la necesidad de legalización de la familia homoparental y la certeza de que a través de la visibilidad de las muestras de amor entre personas del mismo sexo que deciden hacer una vida en común puede desatarse un debate que funcione como documentación para, una vez acopiada, ser presentada a la Asamblea Nacional como un anteproyecto que exija a pensar más al respecto.

Numerosas son otras iniciativas. En Cuba existe la Iglesia Comunidad Metropolitana, que con una orientación liberal no deja de ser cristiana y sostiene 250 congregaciones en 23 países, y cuyo ministerio, en palabras de la pastora cubana Elaine Saralegui, “es radicalmente inclusivo para lesbianas, gays, bisexuales, transgénero…”. Le dan un sentido divino a la sexualidad como un don de Dios y trabajan con el contexto, desde el amor, y con el precepto de que la salvación será dada a aquel que ame a otro ser humano mientras las relaciones no sean violentas.

“Solo es cuestión de amor” es el eslogan de Acepto. Por eso el equipo hace sobres personalizados en los que las manualidades y la simpatía invitan a un “Sí, quiero”.

Otros activistas aluden a la necesidad de representación en la Asamblea Nacional en la construcción del modelo social que queremos para esta nación; se demanda espacio en los medios de comunicación, la implementación de políticas de educación sexual que promuevan una conciencia inclusiva alejada del bullying, el irrespeto a la diferencia y de la violencia; la posibilidad de ser tenido en cuenta como activismo nacido desde la genuina necesidad de existir, cuando se ha visto que la iniciativa oficial no ha sido suficiente…

Lidia me habla, desde lo abogada que es, de una ley de actos normativos, de cambios constitucionales, de prácticas jurídicas que se han usado para modificar relaciones económicas en este país y que bien podrían usarse para modificar otras leyes que lastran el derecho de una persona.

“¿Es acaso posible abogar por el matrimonio igualitario desde el amor y no como un derecho humano básico?”, escriben en su carta y siguen preguntando: “Y si es una institución arcaica y en crisis, ¿por qué para cubanas y cubanos con orientaciones sexuales no heteronormativas se hace tan importante lograrlo? ¿Es un legitimador moral del sexo? ¿Qué buscamos?, ¿un permiso público, heredar, adoptar, la reproducción asistida para las mujeres lesbianas? Uff! ¡¡¡Una caja de Pandora!!!”.

También es cierto que para otras personas LGTBIQ el matrimonio —igualitario o como sea— no es una cuestión de interés, prefieren vivir su sexualidad desde la libertad que las propias normativas no asignadas le otorgan, pero la mayoría entiende que esta es una forma de inclusión y un derecho que abrirá nuevas brechas y conciliaciones, también, en la unidad nacional. El proyecto Acepto invita a narrar esa experiencia que patentiza lo humano que se es independientemente de la preferencia o actitud sexual. Bien que le viene esto a un país que ha priorizado los cambios estructurales por encima de las transformaciones en los comportamientos y actitudes individuales. Ya es tiempo de una revolución personal, íntima, progresiva, y si se hace a través del amor apostemos por ganar esa batalla.

Son más de diez los países que aprueban, en todo su territorio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ya es legal en siete jurisdicciones de los Estados Unidos y dos de México. Desde 2001 fueron pioneros los Países Bajos, y es curioso cómo en 2005 una sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó que era injustificable la discriminación basada en la orientación sexual y dio un plazo de doce meses al gobierno para que modificara la Ley Nacional de Matrimonio sustituyendo las palabras marido o esposa por la palabra cónyuges. Finalmente, la ley fue aprobada por la Asamblea Nacional con 230 votos a favor y 41 en contra.

Acepto quiere hablar del amor como sentimiento emancipador, como privilegio de todos, “porque hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos”. Mariela Castro Espín ha dicho que no queremos copiar de otras realidades, aunque debemos mirar cómo ha sido el proceso en contextos similares. Yo, gracias a uno de los privilegios que otorga el matrimonio pude venir a trabajar a La Habana, y aunque no pertenezco a la Asamblea Nacional, y creo que el compromiso desde la emoción es más fuerte que una firma en un papel, doy mi voto. Acepto, sobre todo porque cuando se habla de derechos hasta una cuestión política es una cuestión de amor.

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