LAS TUNAS. Las medidas anunciadas por Donald Trump el pasado 16 de junio tal vez traigan la inversión de los papeles y le toque al Capitolio mantener abierta la senda de la distensión entre Estados Unidos y Cuba. Hasta el momento en el Congreso estadounidense cualquier intento de desmontar siquiera una minúscula parte del bloqueo estadounidense a la Isla fracasó. Sin embargo, la misma tarde del grotesco show de Miami el congresista republicano Jeff Flake exhortó al liderazgo senatorial a apoyar su iniciativa bipartidista que eliminaría las prohibiciones de los viajes de los estadounidenses a la Mayor de las Antillas.

La reversión de la Administración Trump a la ruta emprendida por su predecesora en pos de un mejor clima con Cuba vuelve (más) relevante la cuestión del delicadísimo balance de prerrogativas entre Ejecutivo y Legislativo, dos de las tres ramas de poder que, junto a la Judicial, componen el aparato estatal en ese país.

Hasta los años 90 las órdenes ejecutivas fueron el principal mecanismo de implementación de las políticas que buscaban el aislamiento de la Revolución Cubana.  Esto colocaba al presidente norteamericano al timón de los procesos.

A mediados de los años 90 eso comenzó a cambiar con la aprobación, primero del Acta para la Democracia en Cuba en 1992, y luego en 1996 de la Ley para la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática. La primera conocida por el nombre de su patrocinador, el representante demócrata por Nueva Jersey, Robert Torricelli, sacó de las manos presidenciales varias prerrogativas que en materia comercial habían sido empleadas para tensar o relajar las relaciones con Cuba. De eso se percató quien ocupó la Oficina Oval entre 1993 y 2001, Wiliam Clinton.

“Apoyar el proyecto de ley (Torricelli) era una buena política del año electoral en Florida, pero socavó cualquier oportunidad que podría tener si ganaba un segundo mandato de levantar el embargo a cambio de los cambios positivos dentro de Cuba”, opinaría luego en su autobiografía.

Cuatro años después el Congreso aprobó el Acta para la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, fruto de la iniciativa conjunta del senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton. El texto interpuso una serie de condiciones que debería cumplir Cuba antes comenzar siquiera algún tipo de entendimiento con su vecino del Norte.

Además de otras objeciones de índole estratégica, Richard Nuccio, uno de los cerebros de la política de la Administración Clinton al respecto, le señaló que alteraba el balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo en detrimento del primero.

La combinación de ambas leyes, hasta cierto punto, ató las manos de Obama en sus negociaciones con La Habana y ahora le ha servido a Trump para pretender echar abajo las acciones del anterior gobierno.

Equilibrio… de intereses

Los vaivenes descritos nos advierten que la relación Ejecutivo-Legislativo dentro de Estados Unidos es crucial para comprender la conformación de políticas internas y hacia el exterior de ese país. La idea más socorrida es que el nexo entre ambos se estableció bajo la doctrina de la división de poderes. Y sí que lo es, al menos conceptualmente. Cada uno es diferente, aunque con nexos de mutua dependencia. En la Constitución de 1787, explica la doctora Soraya Castro Mariño, “se incluyó el principio de chequeo o balance o freno y contrapeso, mediante el cual ninguna rama podría imponerse a las demás, como resultado de su funcionamiento cotidiano”.

Desde Miami Trump apeló a los diversos intereses entrecruzados para intentar poner al Congreso a su favor. Es una táctica tan vieja como la existencia misma del país, cuya conformación ocurrió en medio de propósitos en ocasiones encontrados.

Analizando la génesis del sistema político norteamericano el historiador Howard Zinn opinaba que los Padres Fundadores de la nación habrían estado muy preocupados por evitar las alteraciones sociales y eventualmente las revoluciones que pusieran de cabeza su obra. En consecuencia, Zinn exponía que la Constitución aún vigente es el resultado de sopesar los intereses de los sectores que habían dirigido la rebelión contra la metrópoli británica.

“Cuando se entrevé el interés económico que yace en las cláusulas políticas de la Constitución —sugería—, el documento se convierte no ya en el trabajo de hombres sabios que intentan establecer una sociedad decente y ordenada, sino el trabajo de ciertos grupos que intentan mantener sus privilegios, a la vez que conceden un mínimo de derechos y libertades a una cantidad suficiente de gente como para asegurarse el apoyo popular”. En ese sentido, no ya la historia de Estados Unidos, sino la de toda la humanidad, ha sido tan cíclica como la rueda.

En momentos dispares y emparentados en el afán de cumplir sus programas de gobierno, también sobre Cuba, Obama y Trump han buscado el apoyo de un sector social u otro, representado en las dos cámaras congresionales.

Con la economía en recesión el ex mandatario demócrata explotó a su favor los deseos de los estados agrícolas y portuarios de explorar cualquier opción que les permitiera expandir sus exportaciones. En esas condiciones vieron con buenos ojos la posibilidad de restablecer, en alguna medida, los nexos comerciales con Cuba, un país cuya cercanía geográfica lo hace parte de su mercado natural.

Trump acaba de moverse en función de otro propósito: tener contentos a los legisladores de origen cubano, reducido, pero esparcido por puestos claves dentro de la maquinaria congresional y a quienes cree necesitar en su afán de eludir un juicio político en su contra por la supuesta implicación de Rusia en su asenso al poder.

Atenidos a las filiaciones políticas supuestamente serían los demócratas los únicos interesados en mantener los cambios hechos por Obama con respecto al archipiélago antillano, mientras que a los republicanos les tocaría apoyar las intenciones de Trump de echarlo todo abajo.

Visto desde el plano de las gobernaciones dicha percepción parecer corroborarse pues mientras el gobernador de Florida, el republicano Rick Scott interpuso serias objeciones a los intentos de Obama de restablecer limitadamente las relaciones comerciales bilaterales, dos demócratas, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe y su colega de Luisiana, John Bel Edwards, están claramente a favor de hacer negocios con La Habana. Pero ni siquiera esas actitudes habría que achacarlas a la fidelidad partidista sino a la presión de sus respectivos entornos políticos.  Así lo demuestra que  el proyecto de Ley de Libertad para Viajar a Cuba presentando incluso antes del anuncio de Trump tenga el apoyo de por lo menos 52 legisladores de uno y otro partido.

Dentro del sistema político estadounidense se configura una correlación de fuerzas que en la práctica privilegia a los intereses individuales o territoriales por encima de las lealtades partidistas y eso lo tienen muy claro todos sus componentes. El tema Cuba no ha hecho sino transparentar el complejo y a menudo impredecible tablero de poderes que tiene lugar a orillas del Potomac.

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