"Nadie puede tener el privilegio ni la potestad de infringir o de eludir la ley o de situarse por encima de la ley (…)".
 Raúl Castro Ruz. Discurso pronunciado en el Acto de proclamación de la Constitución. Teatro Karl Marx, La Habana, 24 de febrero de 1976. Citado en: Peraza Chapeu, José: Selección de Lecturas de Derecho Constitucional, p. 57.

LA HABANA. Faltan poco más de ocho meses para febrero de 2018, que cuando se trata de llevar a cabo los ajustes que un país necesita es prácticamente nada. Hace varios años se viene hablando desde el discurso político y académico nacional acerca de la necesidad de reformar la Constitución, con el objetivo de atemperarla a los cambios realizados, en especial dentro de la economía. Con todo, no sabemos con exactitud cuáles son esas modificaciones.

Preocupante: no estamos hablando, al menos a nivel social, sobre cuál debe ser el contenido de la carta magna del futuro. ¿Y por qué es importante ese debate? La respuesta a esta pregunta quizás a alguien le parezca complicada, pero a mi juicio no lo es. Deberíamos estar participando en esas discusiones porque la Constitución tiene que ser resultado de un pacto social, que refleje los límites mínimo y máximo para la actuación estatal y los derechos individuales. Sus contenidos tienen que ser, parafraseando a un marxista latinoamericano y al igual que la construcción socialista, creación heroica.

Un texto constitucional no es mera exposición de principios; ni discurso político estructurado en artículos; ni algo que debe tenerse presente para aludirlo en intervenciones públicas. Se trata de la ley más importante de cualquier Estado, tanto por la forma en que es adoptada como por lo que en ella queda preceptuado. Es la base de la legalidad y de la seguridad jurídica, pues le impone límites a los gobernantes y a la sociedad en su conjunto. A partir de los niveles de participación popular en su elaboración y aprobación puede valorarse la legitimidad del sistema político.

En el caso cubano estas ideas se traducen en que tomar parte en su reforma sería un factor esencial para configurar nuestro socialismo, mientras legitimamos desde abajo a las autoridades que deberán sustituir a la generación histórica. Preciso que este último argumento no alude solo a las personas que ocuparán los principales cargos, sino también a los procedimientos para su elección y las facultades de cada uno. Recuérdese que somos un país sustentando en el principio de soberanía popular, por lo que la intervención de las personas es crucial en estas decisiones.

Debe quedarnos claro a todos, que no puede haber perfeccionamiento de la institucionalidad sin primero establecer desde la Constitución las reglas del juego. Como parte de estas habrá que definir, entre otras, qué papel desempeñará la propiedad privada, cómo lograr que esta cumpla su función social; las atribuciones de cada órgano de poder estatal; cuáles deben ser los derechos y garantías que se nos reconozcan; etc. Todo eso, no lo dude nadie, forma parte del diseño político-institucional de cualquier Estado.

La lógica seguida desde que empezó la denominada actualización del modelo económico, parte de desarrollar todas las acciones en este sentido para luego reformar la Constitución. Es cierto que muchas de ellas han empezado como experimentos, que al fin y al cabo pueden terminar bien o mal, por lo que pudiera ser no aconsejable modificarla antes de culminar los mismos.

Pero la ley fundamental no puede ser vista solo desde una óptica que la identifique como consagración de un proceso de transformaciones revolucionarias, algo que ya ocurrió en 1976. También es posible concebirla como un instrumento para el cambio, es decir, provocando el debate popular acerca de lo que en ella debe estar plasmado, puede obtenerse un marco adecuado para impulsar los ajustes que el propio pueblo entienda necesarios. Esta postura la identifica no como meta sino como punto de partida.

Por ejemplo, pensemos en lo establecido hoy en materia de propiedad. La Constitución cubana no reconoce expresamente este derecho dentro del catálogo de los constitucionales. No obstante, algunos consideramos que sí está incluido de manera implícita a partir de la identificación hecha de los sujetos titulares del mismo. De esta forma es reconocida la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio; la vivienda poseída bajo justo título de dominio; y los demás bienes y objetos que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la persona (artículo 15).

Al estar pautado así es obvio que el sector privado nacional de nuestra economía, ese integrado por cuentapropistas que desde hace mucho tiempo son pequeños y medianos empresarios, no encuentra cabida dentro de la sistemática constitucional en materia de propiedad. Sin embargo, todo podría haber sido muy diferente si luego de ajustes al magno texto se les hubiese otorgado ese derecho del que hoy disfrutan en la práctica, a partir de la explotación económica de bienes de los cuales son propietarios.

Otro aspecto a estimar es cómo será la participación ciudadana en el proceso de reforma anunciado. En virtud del artículo 137 de la Constitución, para implementar la reforma es necesario el respaldo de una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de los diputados que la componen. Además, si abarca la integración o modificación de facultades del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, necesita la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por el propio legislativo.

Queda claro que sean cuales sean las modificaciones por venir estas influirán en los derechos de todos. Creo que la vida nos ha demostrado con creces que los cambios económicos, en especial los ya implementados desde 2010 hasta la fecha, inciden de una u otra forma en el pleno ejercicio de aquellos. Por tanto, aunque no haya alteraciones en la composición o atribuciones de los mencionados órganos de poder, ni en cuestiones referidas a derechos y deberes constitucionales, algo que no sería sino el desaprovechamiento de una oportunidad única para avanzar en ambos campos, el punto culminante de la reforma solo puede depender del voto popular. No hay más caminos.

De hecho, el propio Raúl Castro manifestó durante su informe al último congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), que se prevé una amplia participación popular en este proceso; incluyendo la realización de un referendo. Además, dijo que esta será una oportunidad para regular determinadas cuestiones que necesitan de amparo constitucional. Es difícil no estar de acuerdo con estas ideas.

Cuba necesita que su Constitución sea un nuevo comienzo adaptado a las actuales circunstancias, y que nos coloque como sociedad en la perspectiva más asequible para enfrentar los retos que vendrán. Es una posibilidad para convertirla en algo de lo que acordarnos siempre y no de vez en cuando; mientras nos refundamos como nación y la colocamos en la cúspide del ordenamiento jurídico y el centro del sistema político. Ella no se convierte en socialista por ser adjetivada como tal. Adquiere esa cualidad cuando todo lo que contiene ha sido generado desde el sentir del pueblo, que es la única forma de darle contenido democrático al socialismo.

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