LA HABANA. Para cualquier trabajador por cuenta propia (TCP) en Cuba tiene que ser hoy un dolor de cabeza todo lo relacionado con el financiamiento, el abastecimiento y los impuestos. Por donde entra y por donde sale el agua al coco.

Las restricciones para acceder a préstamos, la ausencia de un mercado mayorista, la imposibilidad de funcionar como Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la inexistencia de licencias para actividades profesionales de alto valor, la prohibición de importar insumos y tecnologías y un pobre acceso a la información, entre otras variaciones, ponen un techo a los TCP.

Por demás la vida del país, en muchos casos ajena a prácticas internacionales, propicia que muchos de estos negocios, y no hablo solo de cafeterías y taxistas, se concentren en actividades que podrían parecer novedosas, pero solo por la distorsión creada a causa de tantos años de bloqueo económico por parte de Estados Unidos, la potencia económica más cercana.

Si esas barreras no existieran, sabemos que, en general, otra muy diferente fuera la historia para Cuba. Y en particular, también lo sería para los TCP.

¿Cómo puede desarrollarse cualquier negocio privado respetando las leyes que actualmente norman esa forma de gestión económica? Solo una declaración de impuestos es acto de prestidigitación. Las propias autoridades han reconocido que la subdeclaración es una práctica extendida.

Y más allá, ¿cómo puede competir un negocio cubano frente a cualquier inversor extranjero?

Desde que en 1993 se permitió nuevamente el ejercicio del cuentapropismo en una Isla donde la gestión económica desde el triunfo revolucionario del 59 había sido mayoritariamente estatal, se evidenció el carácter temporal de una medida que se asumía para aliviar la crisis de los noventa, no para que formara parte del concierto económico del país.

“Las condiciones del Actual Período Especial determinan la necesidad de la ampliación del trabajo por cuenta propia”, decía el Decreto-Ley No 141 sobre su ejercicio.

En el mismo documento, una Resolución Conjunta dejaba los límites claros: Se excluía de esta actividad a los dirigentes y los profesionales universitarios, no así a los trabajadores vinculados a centros de trabajo, jubilados, con capacidad laboral disminuida, “trabajadores sobrantes”, subsidiados por racionalización o paralización de la actividad estatal y amas de casa.

Los “trabajadores sobrantes”, como le llamaban, o subsidiados, que se lanzaran a esta actividad, no podrían ser exonerados de sus obligaciones con el centro estatal al que aparecían vinculados en caso de que las condiciones del país así lo exigieran. También el Estado tenía el derecho de restringir el derecho a ejercer estas actividades en territorios donde la fuerza laboral estatal fuera escasa y más necesaria; no se permitiría que esos trabajadores abandonaran sus centros de trabajo. Hoy los profesionales sí pueden ejercer el trabajo por cuenta propia, pero solamente en las actividades aprobadas, no en su área de experticia.

Tampoco se podía emplear personal asalariado. Y el trabajador, antes de poner el pan en la mesa por su cuenta, debía demostrar su disciplina laboral en el centro estatal. Nada de esto es hoy necesario.

Se permitió vender productos o servicios directamente a la población, pero no a las entidades estatales, cosa que finalmente está aprobada. El Estado establecería la discrecionalidad en cuanto a las áreas en las que se permitía el ejercicio y se arrogaba el derecho de intervenir en la comercialización en dependencia de la conveniencia pública y social.

Se trataría “de evitar a toda costa el surgimiento de intermediarios o parásitos que lucren y se enriquezcan con el esfuerzo de los demás”. En aquel momento, las cuotas mínimas mensuales que los cuentapropistas debían pagar podían ser incrementadas por el Consejo de Administración del Gobierno del Municipio en caso de que se produjeran “excesivas ganancias”. Y en este momento, también.

Todavía hoy queda claro, luego de las sucesivas actualizaciones de estas normas y de sus reglamentos, y en un contexto completamente diferente al del Período Especial —excepto por ciertos tipos de carencias, que ahora también están repartidas de otra forma—, que en el modelo político por el que ha apostado el gobierno cubano no se concibe la concentración de capital, algo que siempre vendrá aparejado con la empresa privada y que de todas formas ya está sucediendo en el país.

Queda claro, además, que ante una nueva crisis económica, cada vez más evidente, Cuba vuelve a verse empujada a una actualización de su modelo económico, en la cual se le volvió a hacer espacio a los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP). Esta vez con menos trabas, pero también con un techo delimitado.

La fórmula en la que se pretendió que los trabajadores sobrantes —ahora disponibles— o subsidiados por la paralización de su actividad —ahora interruptos— se lanzaran al cuentapropismo, se repitió.

Esta vez sobraba 1 millón, y “con el objetivo de garantizar el empleo racional de la fuerza de trabajo y fortalecer el papel del salario y su relación con los resultados del trabajo”, se publicó en 2011 el tratamiento laboral para ellos en la misma Gaceta Oficial  con la actualización del Reglamento que regiría la nueva política con respecto a los TCP.

De las cuatro opciones que el Gobierno presentó a esos trabajadores (además de gestionar su propia ubicación), solo una comprendía el sector estatal, con lo cual quedaba expuesta la invitación a los disponibles para unirse a las filas de esta forma de gestión económica.

Pero la vida demostró que la apertura al trabajo por cuenta propia no “absorbió” como se esperaba a esa fuerza laboral desubicada. Más bien sacó de la ilegalidad o del no-hago-nada casero a muchas personas que hasta el momento no tenían vínculo laboral alguno, según publicó la agencia Prensa Latina, un 68 por ciento de los que se desempeñan hoy en negocios privados, para ser exacta.

Después de 274 Lineamientos, una Conceptualización del modelo en la que se habla directamente de PYMES, de 201 actividades aprobadas para el ejercicio de cuentapropismo actualizadas en 2013, y de que el presidente Raúl Castro dijera en 2016 que podíamos dejarnos de eufemismos y hablar de la existencia de medianas y pequeñas y microempresas privadas, los TCP siguen estando en desventaja ante la cada vez más probable competencia de inversores extranjeros.

Fijémonos en las leyes que disponen las reglas para unos y para otros. En cuanto al área de operación, los TCP deben restringirse a una lista de actividades mayoritariamente de muy bajo valor agregado, si concordamos en que los cuidadores de baños, los zapateros remendones o los agentes de telecomunicaciones no van a salvar de los números rojos al PIB nacional. Ni siquiera los restaurantes y paladares más encumbrados que ya existen podrían hacerlo.

Por el contrario, en la última cartera de oportunidades presentada para la inversión extranjera se consideran “sectores priorizados la producción agrícola y la industria alimentaria; el turismo, incluido el de salud; el desarrollo de fuentes de energía, especialmente las renovables; la exploración y explotación de hidrocarburos y recursos mineros; y la construcción o mejoramiento de infraestructuras industriales”. Todas áreas claves para el desarrollo económico del país.

Cualquier inversor foráneo encuentra en Cuba, sino un ambiente del todo favorable para la concreción de negocios, al menos sí una política impositiva más relajada que la de los TCP: una excepción de impuestos sobre utilidades de ocho años, y 10 años si es en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, por ejemplo. Los TCP son eximidos del pago de las obligaciones tributarias (Impuestos sobre ventas, Especial a Productos y Servicios, Utilización de Fuerza de Trabajo e Ingresos Personales) solo durante los primeros tres meses.

No se habla en la Ley de Inversión Extranjera de montos máximos, de límites al crecimiento de los negocios. Mientras, todas estas cuestiones limitan el desarrollo delas PYMES en la Isla, que a la larga —y ni tanto— junto a las cooperativas no agropecuarias, retrasan el factor “hecho en Cuba” y nos deja a expensas, más aún, del capital foráneo.

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