LA HABANA. La Asamblea Nacional del Poder Popular apuesta a la participación digital en Cuba. Por primera vez habilita un correo electrónico (leydeaguas@anpp.gob.cu) para recibir consideraciones ciudadanas sobre el Proyecto de Ley de Aguas Terrestres, que publicó en su sitio web.

Aunque no se explica cómo será procesada la información recibida, ni si estarán públicas las dudas, preguntas, sugerencias o propuestas de modificaciones esta iniciativa abre un nuevo canal de comunicación que aporta al proceso de toma de decisiones en materia legislativa.  Se eliminan barreras, es accesible y el ciudadano puede opinar de forma directa.

La utilización de plataformas digitales como espacio para la agregación de demandas y la participación social es sui géneris en el contexto cubano. Se reconoce lo online como otra vía posible en el ejercicio de la participación ciudadana y expresa una intención del Estado por empezar a informatizar la política.

El documento de 54 páginas, que debe ser sometido a votación de los diputados en diciembre, está estructurado en 13 títulos con 36 capítulos. Su contenido norma la gestión de las aguas terrestres – todas las que se encuentran dentro de los límites costeros del territorio nacional, sean subterráneas o superficiales – y su uso para la sociedad y la economía. Comprende, además, la intensión de preservar y proteger al medio ambiente; considera medidas para mitigar el impacto de eventos climáticos extremos, como la sequía y delimita las responsabilidades de todos los organismos estatales implicados.

Actualmente, las normativas vigentes en este campo son el Decreto Ley No. 138, del 1 de julio de 1993, que facultó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para presentar un reglamento sobre esta materia y nunca se realizó, el acuerdo No. 72 de 2012 del Consejo de Ministros que aprueba la Política Nacional del Agua, así como otras resoluciones del Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH).

En esta ocasión, según explica el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento, la iniciativa es presentada por el Consejo Ministros, el INRH desde 2013 trabajaba en el proyecto.

El reglamento, que complementa y establece los procedimientos de la ley, y que se referencia en el texto de proyecto, no está publicado. Debe ser aprobado con posterioridad por el Consejo de Ministros, según está establecido. Sin embargo, el análisis de la ley, su comprensión y entendimiento sería más amplia si se pusiera a disposición popular todo el cuerpo normativo que la implementará.

No basta con que los diputados, como es habitual, debatan en sus territorios y con la asesoría de expertos el texto del documento en la búsqueda del consenso necesario para su aprobación.

Consultar un proyecto de ley con la población no es nuevo en Cuba, el artículo 75 de la Constitución le atribuye a la Asamblea Nacional la posibilidad de someter a consulta popular una ley “cuando lo estime procedente en atención a la índole de la legislación de que se trate”.

Sin embargo, esta práctica no es habitual. Por una parte la producción legislativa del parlamento cubano es reducida y por otra, una consulta popular requiere una organización superior que puede ser compleja considerando sus dimensiones, lo cual no justifica su desuso.

En la actual legislatura, que comenzó en febrero de 2013, se han aprobado seis leyes: Ley 115, De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre; 116, Código de trabajo; 118, Ley de Inversión Extranjera y Leyes del Presupuesto del Estado de los años 2014, 2015 y 2016. De ellas, solo una fue sometida a consulta popular: el Código del Trabajo. En la legislatura anterior de 10 leyes aprobadas ninguna fue sometida a consulta popular.

Por tanto, toda ley que se saque de los edificios gubernamentales y se comparta con los ciudadanos antes de su aprobación transparenta el mandato público, lo legitima y amplía las posibilidades de participación de los cubanos; aun cuando el tema de la ley pueda ser técnico siempre tendrá impacto social.

Las leyes consultadas hasta el momento utilizaban mecanismos tradicionales, a través de las organizaciones sociales, políticas y profesionales; ahora el debate trasciende el plano físico y se proyecta también en el escenario virtual. Los usuarios de las redes pueden participar en igualdad de condiciones de acuerdo a sus conocimientos e intereses, en el momento que estimen conveniente, con independencia de su formación, edad, filiación profesional o ubicación geográfica.

Desplazarse hacia estos escenarios era necesario, en la esfera internacional es una práctica común.

Sin desconocer que el acceso a Internet continúa limitado a un sector reducido de la población, fundamentalmente profesionales, personas de altos ingresos y en su mayoría residentes en centros urbanos, y por tanto, la repercusión de esta acción será limitada y no favorece, aún, la participación plena de la ciudadanía, es un buen comienzo. El éxito radicará en la coexistencia de mecanismos online / offline y su ampliación.

Foto de portada: Puente sobre el río Canímar, provincia de Matanzas, Cuba.

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