Cambios en la estructura: sector no estatal

LA HABANA. La profunda crisis económica de principios de los noventa puso en la agenda cubana la necesidad de abrir la economía, incrementar la eficiencia y ampliar el espacio para formas de propiedad distintas a la estatal. Entonces se produjo el primer gran reacomodo en este ámbito, aunque el impulso inicial no maduró a partir de la extrema cautela que rodea a la participación del sector privado e incluso cooperativo en la economía cubana.

Sin embargo, una serie de factores, incluyendo la continua debilidad económica, dieron paso a una nueva restructuración. Comenzando con el sector agrícola a partir de 2007, la posterior flexibilización de condiciones para la operación del “trabajo por cuenta propia” en septiembre de 2010, y la autorización de cooperativas fuera del sector agrícola, el tamaño del sector no estatal es, a la altura de 2015, el mayor desde los inicios de la década de 1960. En la actualidad se ubica aquí el 28% de la fuerza de trabajo, a lo que habría que adicionar los que están empleados en empresas mixtas con capital extranjero, oficinas de representación, y empresas de capital totalmente extranjero, cuyo número está incluido dentro del monto del sector estatal y está llamado a crecer en los próximos años.

Las cifras revelan que el crecimiento del sector no estatal está liderado por el aumento en el número de empleos privados, donde tanto los “cuentapropistas” como los campesinos crecen significativamente. En el caso de las cooperativas, se reportan los nuevos empleos fuera de la agricultura, que todavía representan un número reducido del empleo total. Hay elementos que distinguen al proceso actual y lo hacen cualitativamente superior a transformaciones anteriores.

Las modificaciones actuales tienen lugar dentro de un contexto más amplio de reformas en el modelo económico que promueve también una mayor participación de las empresas extranjeras y cambios en la gestión dentro de la propia empresa estatal. También se plantea la posibilidad de una vinculación real con el sector público, a través de contratos de producción y prestación de servicios. Adicionalmente, se ha abierto la posibilidad de acceso al sistema financiero, tanto a través del uso de ciertos servicios como por la obtención de créditos.

Sin embargo, la realización de las potencialidades de esta economía mixta, requiere una modificación también sustancial del mecanismo de asignación de recursos. Dentro de las instituciones que cumplen esta función se hallan el Plan Anual de la Economía Nacional, el presupuesto del Estado, la Caja Central de Divisas y el propio sistema monetario y cambiario dual. A partir de estos se administran y asignan centralmente las divisas extranjeras, los insumos y se dirige la acumulación de capital.

Existen algunos espacios de asignación descentralizada de ciertos recursos, aunque su importancia sea mucho menor en términos del impacto económico. Se conoce que una parte notable del financiamiento de muchos de los nuevos negocios privados proviene de otros países, y está bien documentado que se importan de forma individual cantidades significativas de bienes de consumo, y crecientemente, inputs y bienes de capital para estos emprendimientos.

El acceso ordenado y expedito de todas las formas de propiedad a bienes de capital e insumos, financiamiento y fuerza de trabajo es una condición indispensable para garantizar la elevación de la eficiencia económica general. Esto supondría una transformación de los mecanismos de conformación del plan anual de la economía, que permanece asentado en prácticas administrativas que muestran gran rigidez, y reducen notablemente la capacidad de decisión de los empresarios estatales y de otras formas. A la vez que es necesario establecer prioridades, estas deben acotarse para posibilitar un mayor margen de maniobra a los empresarios.

La unificación monetaria, y sobre todo cambiaria, debe permitir normalizar el acceso a bienes y servicios en condiciones competitivas por parte del sector no estatal. El reciente establecimiento de mercados mayoristas para algunas actividades no estatales es un paso en la dirección correcta.

Los factores de producción fundamentales (trabajo, capital) junto a los insumos, son complementarios en los procesos productivos. La entrega de tierra sin el correspondiente acceso a maquinarias, equipos, insumos y servicios productivos implica una transformación a medias, con impactos negativos en los resultados productivos. Lo mismo puede decirse de otros sectores de la economía.

La falta de nivelación en las reglas de juego genera en la actualidad contradicciones en las estimaciones del desempeño de las distintas formas de propiedad, lo que puede conducir a valoraciones sesgadas sobre la efectividad económica de las mismas. El desplazamiento de fuerza de trabajo desde el sector público hacia el no estatal se basa en muchos casos en una compensación percibida superior, pero desvinculada del costo social real derivado de la formación educativa. Se invierten recursos financiados por la sociedad, para la obtención de un retorno esencialmente privado, que tiende a erosionar en el tiempo la formación recibida.

Se requiere un cambio en las reglas de ambas partes. Tanto las condiciones de operación de las empresas estatales, como las posibilidades de generación de empleos de alto valor agregado en el sector no estatal no están a la altura del perfil educativo de la fuerza laboral cubana. La restructuración del empleo debe acompañarse de inversiones y cambios institucionales y organizativos que fomenten un mejor uso de los recursos en toda la economía.
Se observan cambios sustanciales en la estructura de propiedad, que no encuentran todavía correspondencia en los mecanismos de asignación de recursos y en las reglas de juego que gobiernan las decisiones de inversión y contratación de los nuevos actores.

Esto genera a corto plazo tensiones adicionales en la asignación de factores productivos y comprometen la mejoría de la eficiencia y la productividad medias de la economía. La incapacidad de atender objetivamente estas contradicciones puede terminar socavando los mismos objetivos estratégicos del cambio: eficiencia económica con equidad social.

Foto de portada: Carlos Ernesto Escalona Martí (Kako).

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