Hacia la privatización de los servicios públicos

Por Paola Álvarez
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Faltan tan sólo tres meses para que se cierre la última ronda de comercio mundial de la OMC que incluye el fin de las negociaciones en torno al Acuerdo General del Comercio de Servicios, AGCS o GATS en sus siglas en inglés. A estas alturas, las negociaciones que rodean este acuerdo siguen siendo una incógnita para la sociedad civil, desinformada e ignorada desde el principio. La privatización de los servicios públicos y las nefastas consecuencias que puede tener sobre los países en desarrollo y el medio ambiente son las principales amenazas de un acuerdo con vocación de abrir al “mercadeo” internacional las pocas puertas que quedaban cerradas.

El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios nació en 1995 con la Organización Mundial del Comercio se trata de un acuerdo marco que incluye una serie de obligaciones para todos los países miembros, pero cuyo mayor peligro reside en las ampliaciones y acuerdos específicos que dentro de él puedan hacerse. Por eso, a pesar de su antigüedad, no ha empezado a preocupar hasta hace un par de años, en el momento en que las negociaciones empezaron a tomar fuerza. El acuerdo que precede históricamente a la OMC, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) sólo abarcaba el comercio de mercancías, comercio que el AGCS amplía al suministro de servicios y que, por tanto, afecta aún más directamente a las personas que viven en los países signatarios ya que se ven involucrados tanto en la prestación como en la recepción de estos servicios, muchos de ellos tradicionalmente públicos y gratuitos en Europa.

Fue en la reunión ministerial celebrada en Doha, en noviembre del 2001, donde se decidió reavivar el acuerdo y emprender un proceso de negociaciones que se conoció como “demandas – oferta”. El proceso establecía dos plazos. El primero, hasta junio del 2002, para que cada miembro presentara las demandas de los servicios que quería ver liberalizados en otros países; y el segundo, hasta marzo de 2003, para presentar las ofertas de liberalización de sus propios servicios. Una vez presentadas todas las propuestas, comenzaría el proceso de negociaciones que está teniendo lugar actualmente y que terminará en enero de 2005.

El peligro en Europa

La oferta conjunta presentada por la Unión Europea comienza con la siguiente declaración: “La presente oferta no debe interpretarse en modo alguno como una propuesta de privatización de empresas públicas, ni como una forma de impedir que la Comunidad y sus Estados miembros regulen los servicios públicos para cumplir los objetivos de sus políticas nacionales”. Sin embargo, basta con leer el primer apartado de compromisos horizontales sobre limitaciones al acceso a los mercados para dudar de esta primera afirmación. La UE declara en su oferta en lo relativo a la presencia comercial de empresas extranjeras para todos los sectores que: “En todos los Estados miembros de la CE, los servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o local pueden estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos otorgados a empresarios privados”. De esta forma se reserva el derecho de mantener los servicios públicos en manos del estado, pero también deja abierta la posibilidad de injerencia de capital privado en sectores como la salud, el medio ambiente o el transporte.

Los únicos servicios que quedan fuera del alcance del AGCS son los bancos centrales, la justicia, la policía y la defensa nacional. A pesar de que las negociaciones se han llevado de manera casi secreta, la OMC, ante la presión de ONG, sindicatos, grupos antiglobalización e incluso algunos gobiernos, ha hecho públicas muchas de las ofertas (que no de las demandas) de sus estados miembro. En lo publicado se aprecia que, aunque en un primer momento se establezcan restricciones a la injerencia de la empresa privada en la mayoría de sectores públicos europeos (como Francia que impone una limitación de las inversiones privadas en empresas de cotización pública del 20%), la puerta queda abierta para posteriores ampliaciones que, sin duda, irán llegando en nuevas rondas de negociación.

El peligro para los países en desarrollo

Pero como siempre, y a pesar de la comprensible preocupación de muchos sectores de la sociedad civil europea por perder ciertos derechos básicos como el acceso a la educación o la sanidad, los más amenazados con los primeros resultados del AGCS serán los países más pobres o en vías de desarrollo.

La mayoría de estos países ya han tenido que liberalizar muchos de sus servicios a cambio de acuerdos y créditos (por qué no llamarlo por su nombre, chantajes) con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así que con el AGCS la situación sólo puede ir a peor. La OMC asegura que se tomarán medidas para el acceso de los países pobres a más mercados y canales de distribución y se buscará la participación creciente de los mismos en las redes de información. Según ellos, estas medidas y el principio obligatorio de la nación más favorecida fomentará el desarrollo y la prosperidad en estos países. Esto es, a todas luces, falso.

Para comprobarlo no hace falta tener acceso directo a las negociaciones, basta con saber, por ejemplo, que de las 109 demandas que se sabe que presentó la Unión Europea en junio de 2002, 94 iban dirigidas a países en desarrollo. Muchas de las demandas que hace la UE se refieren a sectores que ella no deja abiertos a la inversión de otros, como el suministro de agua potable, los servicios de protección del medio ambiente o la sanidad. Un informe elaborado por la World Ecology, Economy and Development (WEED) a petición de la fundación alemana Heinrich Böll, explica cómo el AGCS puede convertirse en una prolongación de los chantajes del BM y el FMI: los requerimientos de la UE a países en vías de desarrollo afectan además justamente aquellas áreas en las que los gobiernos aplican explícitamente políticas de estabilización y protección de la economía nacional, como el turismo en la India o el comercio minorista en Tailandia. Asimismo se reclama la liberalización del agua potable también allí donde funcionan estructuras muy buenas, como en Porto Alegre, Brasil, o en Santa Cruz, Bolivia (…) A cambio de los eventuales compromisos del norte, los países en desarrollo se ven obligados a asumir numerosas obligaciones de liberalización en el sector servicios. (La divisa es: “¿Quieres un mayor acceso al mercado agrícola europeo? ¡Pues abre primero tu red de suministro de agua a los grupos económicos europeos!”).

Irreversible

De todos los problemas que presenta el acuerdo, quizá el más preocupante es su naturaleza irreversible en la práctica (la teoría está bien elaborada para no dar esa impresión). Una vez liberalizado un servicio determinado, un país puede revocar esta decisión a los 3 años si observa que el impacto en su economía es negativo. El problema es que a cambio debe liberalizar otro las empresas de los países afectados deben aprobar el cambio o recurrir a los tribunales de arbitraje. Si este tribunal estimase que la decisión perjudica a las empresas, el país debería hacer frente a las multas que se le impusieran (algo que apenas se puede permitir un país del norte, por no hablar de los países en desarrollo).

Las voces críticas llevan años pidiendo informes del impacto que el AGCS puede tener en las economías, en la calidad de los servicios, en los precios… y la OMC sigue negociando en secreto (el caso de la Unión Europea es increíble, sólo la Comisión tiene acceso a las negociaciones. Ni el Parlamento, ni los gobiernos de los países…)

Nos queda poco para conocer los primeros resultados y no hay muchas esperanzas de que vayan a ser menos negativos de lo que se cree. Este artículo sólo incluye las que, en mi modesta opinión, son las principales amenazas o al menos las más inmediatas, pero hay muchas más. Las restricciones a las subvenciones (que afectarán a las ONG y los servicios estatales), la influencia de los lobbys (los magnates de la industria de servicios que sí son consultados y que pretenden eliminar las pocas barreras que Europa quiere mantener), el aumento de la marginación regional y social, la reducción de la protección medioambiental… Suena demagógico, pero el AGCS es verdaderamente una amenaza “global”. Los grupos de poder de la OMC intentan mantenernos cada vez más al margen de sus negociaciones. Primero Seattle y después Cancún les han enseñado que cada vez es más difícil alcanzar acuerdos con países que se “envalentonan” ante el apoyo social. De momento vamos a seguir al margen de las decisiones, pero que no nos tomen por tontos; el AGCS no busca ni el bienestar de la población ni la mejora de los servicios públicos ni el desarrollo de los países pobres, sólo la liberalización de más mercados y el enriquecimiento de los amos del mundo.

Paola Álvarez es periodista y colabora con la Agencia de Información Solidaria (AIS).
Servicio de la Agencia de Información Solidaria (AIS)
 

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