Por Eduardo Dimas

dimas@progresosemanal.com

Los últimos acontecimientos en Ecuador han provocado una crisis de gran envergadura, en la que las primeras manifestaciones de violencia política pudieran desencadenar acontecimientos hasta ahora poco usuales en la sociedad ecuatoriana. Algunos analistas consideran que las causas trascienden las fronteras y abarcan los actuales problemas que vive el resto de América Latina y los intereses norteamericanos hacia la región.

Un hecho que llamó la atención, fue que las autoridades ecuatorianas violaron todas las normas legales para la extradición de Simón Trinidad (dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al que enviaron en un helicóptero hasta un cuartel del ejército colombiano cercano a la frontera entre los dos países, sin mediar ningún trámite migratorio. Algunos observadores han visto en esta operación combinada un resucitar del Plan Cóndor y señalan, tal vez con razón, que Simón Trinidad va a ser torturado por el ejército colombiano.

Pero, días más tarde, se produjo otro hecho alarmante. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), Leonidas Iza, fue objeto de un atentado del que salió ileso, pero su hijo y otros familiares resultaron heridos de gravedad. Iza y la CONAIE culparon de inmediato al gobierno por el atentado y exigieron el esclarecimiento de los hechos. El presidente Lucio Gutiérrez negó la participación de su gobierno en la acción, pero la organización indígena insiste en que fue obra de miembros del aparato gubernamental.

Leonidas Iza y otros dirigentes indígenas habían recibido amenazas de muerte, y la CONAIE dio a conocer la existencia de una lista negra de opositores al gobierno, divulgada hace unos meses por Alejandro Nájera, dirigente del partido oficialista Sociedad Patriótica. Recordó, además, que el presidente Lucio Gutiérrez expresó públicamente que combatiría a sus adversarios en cualquier tipo de manifestación y movilización con las armas y las leyes. Denunció también que el atentado a Leonidas Iza no es únicamente contra su persona, sino que “son acciones represivas en contra de quienes no comparten la política inhumana y perversa del actual régimen”.

Un elemento a tener en cuenta es que la población indígena de Ecuador, representada por la CONAIE, constituye el 52%. Del resto, el 42% es mestizo y solo el 8% está compuesto por personas de origen europeo y africano. La fuerza del movimiento indígena organizado es, pues, grande, y no por gusto ha logrado desalojar del poder a dos presidentes en los últimos 6 años: Abdalah Bucaram, en 1998, y Jamil Mahuad, en enero del 2000, sin que se hayan planteado la toma del poder. Los indígenas son el sector más pobre y explotado de la población, en un país de 14 millones de habitantes, donde el 65% de los hogares vive por debajo del umbral de pobreza, el desempleo alcanza al 10% de la población laboral activa, pero el 47% solo tiene empleo temporal, a pesar de que exporta 83 mil barriles diarios de petróleo.

Fue precisamente el apoyo indígena el que le permitió a Lucio Gutiérrez ganar las elecciones en el 2002, frente a uno de los miembros más poderosos y ricos de la oligarquía ecuatoriana, Carlos Noboa, y comenzar a gobernar con un gabinete ministerial en el que fueron incluidos algunos representantes de la población nativa y de su brazo político Pachacutik. Estos, al darse cuenta de que la política del mandatario sería exactamente lo contrario de lo que había prometido, renunciaron o fueron separados de sus cargos por el presidente.

Si tienen buena memoria, recordarán que el surgimiento del coronel Lucio Gutiérrez a la vida política de Ecuador, se relaciona con el movimiento popular que provocó la salida de Jamil Mahuad de la presidencia. Quizás, su primer acto político de envergadura, fue no haber cumplido con las órdenes que le dio el expresidente Mahuad de disparar contra la manifestación que rodeaba el palacio presidencial, el 21 de enero del 2000. Por lo demás, era un hombre de absoluta confianza del estamento político ecuatoriano. De otro modo, no hubiera sido uno de los jefes de la custodia del Palacio Presidencial.

Tras la caída de Mahuad, integró por breves horas una Junta Nacional de Gobierno, que fue disuelta por el ejército, que colocó en su lugar al vicepresidente Gustavo Noboa, quien gobernó por otros dos años. Luego de varios meses de detención, Lucio Gutiérrez fue liberado y comenzó una campaña política en la que, entre otras cosas, alertaba que uno de los grandes retos que debía enfrentar América Latina y Ecuador en particular era el “neocolonialismo norteamericano”, que gobernaría para los pobres del país y que no permitiría que el pago de la deuda externa y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional lo apartaran de ese camino.  

Sin embargo, luego de tomar posesión de la presidencia, su lenguaje político dio un giro de 180 grados, a tal punto que, en febrero del 2003, antes de su viaje a Estados Unidos para reunirse con W. Bush, dijo que quería ser “el mejor aliado de Estados Unidos”, e instó a los gobiernos latinoamericanos a apoyar la política del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez. Como es de notar, hasta el presente ha cumplido con creces su deseo de ser uno de los principales aliados de Estados Unidos, al mismo tiempo que ha seguido una política de privatizaciones y compromisos cada vez más fuertes con el FMI.  

Fue Lucio Gutiérrez el que, en una reunión de presidentes latinoamericanos, presentó un proyecto mediante el cual se le daba un plazo hasta diciembre del 2003 a la guerrilla colombiana para entregar las armas. De lo contrario se le pediría a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos su intervención armada en Colombia para ayudar al gobierno a terminar con la guerrilla. Es decir, una fuerza multinacional, algo que está en los planes de Estados Unidos desde hace tiempo. Y esto nos lleva a otro aspecto de la política exterior ecuatoriana que se enlaza con el llamado Plan Colombia. Es decir, el intento de acabar con la guerrilla colombiana por medio de las armas. Porque eso de acabar con el narcotráfico y la producción de cocaína no sería del agrado de los grandes bancos del mundo que lavan el dinero de la droga. La lucha contra el narcotráfico –sobra decirlo– no es más que un pretexto.

Según los planes del Pentágono, a Ecuador le correspondería hacer el papel de yunque en la segunda fase del Plan Colombia que se conoce con el nombre de Yunque y Martillo y que, para muchos observadores, comenzó con la detención de Simón Trinidad. De acuerdo con lo establecido, varios batallones de fuerzas especiales colombianas, con apoyo aéreo, entrarían en el Departamento de Putumayo, colindante con Ecuador y dominado por las FARC, para obligarlas a retirarse hacia la frontera, donde estarían esperándolas fuerzas especiales del ejército ecuatoriano para exterminarlas. Al parecer, el ejército no parece muy dispuesto a desempeñar ese papel y ha sido la policía ecuatoriana, entrenada por el Buró Federal de Investigaciones, la que ha estado realizando operaciones de contrainsurgencia en la frontera con Colombia.

Desde hace varios años, el Comando Sur de los Estados Unidos utiliza la base ecuatoriana de Manta para sus operaciones contra las guerrillas y en menor medida contra el narcotráfico. Esa base es como una especie de portaaviones, la principal de todas las que ha instalado Estados Unidos luego de su salida del Canal de Panamá, para llevar a cabo sus objetivos de controlar militarmente América Latina y, lo que es más importante, sus riquezas naturales. En un artículo anterior les hable sobre el asunto, por lo que me limito a mencionarlo. Solo les recuerdo que el Plan Colombia es la parte militar del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ahora atravesando momentos difíciles, cuyo objetivo no es solo controlar las riquezas colombianas, sino las de toda América Latina, incluyendo la Amazonía, en estos momentos objeto de grandes conspiraciones para internacionalizar sus riquezas, que sería lo mismo que entregarlas a las transnacionales, en detrimento de la soberanía de Brasil y demás naciones de la Cuenca.

Así, pues, parecen tener razón los que señalan que el conflicto entre el gobierno y las organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles trasciende el ámbito interno y se enlaza con los intereses norteamericanos en Colombia y en el resto de América Latina, de los cuales –ya él mismo lo dijo– Lucio Gutiérrez quiere ser “el mejor aliado”. No por gusto, luego de romper con el movimiento indígena que lo llevó a la presidencia, estableció alianza con el conservador Partido Social Cristiano, de León Febres Cordero, uno de sus más enconados rivales en la carrera presidencial, de quien Gutiérrez había dicho que era lo más nefasto que tenía el país.

Y resulta evidente que, para poder llevar a cabo el papel de yunque que le han asignado en el Plan Colombia, el gobierno ecuatoriano necesita lograr la “tranquilidad” interna. Tal vez, el atentado a Leonidas Iza sea el primer paso fracasado de esa “tranquilidad”, pues ya las organizaciones indígenas están alertadas de lo que puede ocurrirle a sus dirigentes. Y no olviden que fueron lo suficientemente poderosas para sacar a dos presidentes del poder. Una represión de esos sectores de la población o el intento de descabezar a las organizaciones por medio del asesinato sería peor. ¿Será Lucio Gutiérrez el tercero? Solo el tiempo dirá, pero me atrevo a predecir que es posible.

Eduardo Dimas, cubano, es analista internacional para diferentes medios en su país. También es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Cuba.

 

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